El Gobierno presenta su "hoja de ruta" para abordar el "impacto" de las condiciones laborales en la "epidemia" de salud mental

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Sanidad presentó este miércoles su "hoja de ruta" para abordar el "impacto" y los efectos de las condiciones laborales en la "epidemia" de salud mental, un informe técnico que, bajo el título 'Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España', reconoce el "papel determinante" del trabajo en la salud mental y plantea estrategias "específicas" para "prevenir, detectar y atender" los trastornos mentales derivados de las formas de empleo y trabajo.

Así lo pusieron de manifiesto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, en el transcurso del acto de presentación de esta propuesta, que parte del reconocimiento de que, cuando se realiza en contextos de "precariedad, sobrecarga, inseguridad o violencia", el trabajo se convierte en un factor "generador de sufrimiento" psíquico y patología, tal y como defendió García.

El objetivo de este documento es establecer una "base sólida" para la identificación del sufrimiento psíquico que se origina o se ve "agravado" por las condiciones de trabajo y empleo y, a partir de ahí, según avanzó Sanidad, se desarrollarán otros documentos técnicos, acciones formativas y mecanismos de coordinación a distintos niveles, con el fin de promover cambios en el abordaje de estos problemas y prevenir su aparición.

El informe propone un modelo "integral" para el reconocimiento de los factores que afectan a la salud mental en el ámbito laboral e incide en una perspectiva de "justicia y cuidado" hacia la salud de la población trabajadora, al tiempo que reconoce al sistema sanitario como un "agente activo" en la protección de la salud mental, incorporando una perspectiva de los determinantes sociales en salud.

Además, analiza no solo las condiciones laborales que pueden generar daño psíquico, sino también el "papel" y la "responsabilidad" del sistema sanitario "una vez que ese daño se manifiesta en las consultas".

El documento también subraya la importancia de "superar" una "visión individualizada" del sufrimiento psíquico, para centrarse en sus causas estructurales, y advierte sobre los efectos de la "precariedad integral", que, según el ministerio, "impacta de forma desproporcionada en mujeres, jóvenes, personas migrantes y sectores sociales más desfavorecidos".

PRINCIPALES RIESGOS

En concreto, el texto analiza los "principales riesgos" psicosociales laborales, como altas exigencias emocionales, falta de autonomía, acoso, injusticia organizativa, y su relación con problemas como ansiedad, depresión, trastornos adaptativos y del sueño y, en el ámbito clínico, se establecen tres ejes de actuación que incluyen evaluación sistemática de las condiciones laborales del paciente, valoración de la sospecha de origen laboral del malestar y codificación en la historia clínica, si bien la inclusión en la historia clínica de la notificación se realizará con consentimiento expreso del paciente.

El informe advierte, además, del riesgo de causar daños al "medicalizar el sufrimiento" sin tener en cuenta sus causas laborales y propone la "prescripción social" como una estrategia para responder en coordinación con los recursos comunitarios, sindicales o jurídicos en aquellos casos donde el abordaje "no debe ser exclusivamente clínico".

VIGILANCIA

Junto a ello, la hoja de ruta propone la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica de los trastornos mentales de posible origen laboral, que, según Sanidad, debe articularse con los servicios de salud pública, salud laboral y atención primaria y permitir una recogida y análisis sistemáticos de los datos que "visibilicen la carga real del problema".

Por último, el documento hace referencia a los datos del informe Presme, resultado del trabajo del Grupo de personas expertas en precariedad laboral y salud mental y coordinado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que analiza la relación entre condiciones laborales y salud mental en la población ocupada en España

Entre sus principales hallazgos destaca, entre otras cuestiones, que aproximadamente 170.000 cuadros depresivos podrían haberse evitado en el año 2022 si no existieran formas de precariedad laboral como la inseguridad contractual, los bajos ingresos o la falta de control sobre el trabajo o que el 26% de los trastornos mentales comunes en la población ocupada en España pueden atribuirse a condiciones laborales adversas, como falta de control sobre el trabajo, exigencias excesivas, inseguridad, o falta de apoyo.

En el acto de presentación del documento, la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió de que en 2024 hubo 643.000 bajas laborales por motivos de salud mental, un 72% más en el año 2020, y de que "es imposible abordar la pandemia de salud mental sin abordar uno de los lugares donde pasamos más de un tercio de nuestro día a día", convencida de que "la salud mental no empieza en la consulta, sino en las condiciones de vida y en las condiciones del empleo, en los determinantes sociales del sufrimiento" y de que el sistema sanitario "es un radar de esos condicionantes laborales".

Tras puntualizar que se trata de "un problema estructural y colectivo", recordó que "no afecta por igual a todo el mundo" y que "hay elementos de vulnerabilidad", como el género o la edad, al tiempo que admitió que un dato que le ha dejado "helada" es que más del 80% de las personas con trastorno mental grave "están fuera del mercado laboral, son invisibles para el mercado laboral".

García explicó que "lo primero" que hace el documento es "reconocer que el trabajo influye en nuestra salud mental" y reivindicar que un trabajo "sin derechos, sin descanso, sin reconocimiento" es "un factor de riesgo para nuestra salud y para la salud mental".

"El informe nos propone algo tan básico como que en las consultas preguntemos por las condiciones laborales. Y que parte de nuestra historia clínica tenga en cuenta las condiciones laborales y los condicionantes laborales", apostilló, al tiempo que urgió a "dejar de tratar como un problema o un fallo individual lo que es un malestar estructural" y a "diagnosticar bien cuál es el origen de estos problemas".

La ministra afirmó que "por supuesto, necesitamos más psicólogos y psiquiatras", pero, "sobre todo, necesitamos tiempo" y apostó por "cambiar el modelo social y laboral", consciente de que "el agotamiento no se cura solo con terapia", sino que "se previene con derechos".

INCAPACIDADES TEMPORALES

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lamentó que las incapacidades temporales por causa de salud mental se han incrementado el 76%, "mayoritariamente" entre los jóvenes y puntualizó que el coste económico de estas patologías en España hoy es un punto y medio del PIB, algo de lo que, dijo, "nunca se habla".

"No se habla de la eficiencia económica, es decir, de la distorsión económica que supone no tener a la gente trabajadora cuidada, del ahorro y la inversión social que supondría no padecer en los centros de trabajo", abundó, al tiempo que reconoció que "esta pandemia no solo está en España", sino que "es uno de los principales problemas de Europa", donde el coste está en 1,2 puntos del PIB.

En este contexto, hizo hincapié en la necesidad de articular "recursos y decisiones políticas contundentes" para atajar este problema, convencida de que "las condiciones de trabajo y, singularmente, la precariedad incide de manera directa e indirecta en la salud mental de los seres humanos en nuestro país".

En el mismo sentido, urgió a "no reducir la salud mental a una pastilla" y reivindicó la reducción de la jornada laboral, convencida de que, "por inteligencia colectiva, los empleadores deberían de reducirla".

DOCUMENTO PIONERO

En último lugar, la comisionada de Salud Mental, Belén González, aseveró que se trata de un documento "pionero" que "reconoce el trabajo como un determinante social de la salud y propone medidas concretas para abordar desde la sanidad el daño que pueda derivarse de esa enfermedad".

"Esta hoja de ruta sienta las bases para construir un sistema de protección más justo, donde la salud de las personas trabajadoras se sitúe por encima de las lógicas del mercado y de las lógicas económicas", agregó, al tiempo que indicó que el documento presenta una "base sólida de videncia científica sobre la relación entre riesgos y sociales y trastornos mentales".

A su juicio, "una de las principales aportaciones" de este documento es la creación de herramientas clínicas y epidemiológicas para "detectar, describir y notificar" los problemas de salud mental vinculados al trabajo.

Por último, avanzó que, "en los próximos meses", el Gobierno desarrollará contenidos formativos, se iniciarán propuestas normativas y se establecerán mecanismos de coordinación con los agentes sociales, laborales y políticos, consciente de que "esta hoja de ruta no ofrece una solución mágica, pero sí una declaración clara y comprometida de que proteger la salud mental también es defender el trabajo social".