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El Gobierno prohíbe la fusión legal de BBVA y Sabadell durante tres años, prorrogables dos más

Agencias
martes, 24 de junio de 2025, 15:15 h (CET)

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)


El Gobierno anunció este martes su decisión sobre la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, consistente en autorizar la operación con la condición de que ambas entidades "mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión" durante tres años, prorrogables por otros dos, lo que supone que BBVA no podrá solicitar la fusión hasta que no trascurra este periodo.


El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que explicó que esta condición "adicional" supone que BBVA "estará habilitada para solicitar la fusión una vez que cumpla" con la misma, lo que tendrá que ser validado por Economía. El Gobierno también confirmó los compromisos establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), si bien, ha añadido la condición adicional.


El ministro justificó la prohibición de facto de la fusión legal en cinco criterios de interés general: apoyo a la financiación a pymes, protección del empleo, cohesión territorial, objetivos de política social como la actividad de las fundaciones, y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.


En concreto, se deberá garantizar un "adecuado mantenimiento" del crédito a las empresas, en particular a las pymes; el mantenimiento del empleo, de manera que no haya despidos en razón de la opa; también el mantenimiento del número de oficinas y de los servicios bancarios; los objetivos relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible, y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto no afectaría al derecho de BBVA a nombrar consejeros en Sabadell si la opa sale adelante, según aclaró Cuerpo.


El Ministerio de Economía trasladó en una nota de prensa que "la existencia de múltiples intereses generales afectados, y la propia escala de la operación, aconseja evitar la imposición de condiciones parciales que pretendan proteger cada uno de ellos de manera aislada, cuyos resultados serían difíciles de predecir". En ello justifica que se ha optado por "un enfoque finalista en el que se obligue a la protección de todos y cada uno de los distintos intereses a garantizar identificados, mediante la introducción de una condición única, que favorezca una transición ordenada, contribuya a preservar estos intangibles y, con ello, el interés general afectado".


Cuerpo valoró en varias ocasiones la "proporcionalidad" y el "equilibrio" de la condición impuesta, que "no imposibilita" que la opa continúe su curso. Después de este paso, será el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que deberá aprobar el folleto y posteriormente se abrirá el plazo de aceptación para los accionistas del Banco Sabadell, todo ello con la posibilidad de que BBVA pueda desistir de continuar.


La decisión del Consejo de Ministros ya ha sido comunicada a la CNMC y a las dos entidades y con ella finaliza la fase tres y el procedimiento de análisis relacionado con la Ley de Defensa de la Competencia.


ECONOMÍA EVALUARÁ


En cuanto a la evaluación del cumplimiento de la condición impuesta por el Gobierno, BBVA y Sabadell deberán remitir a la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación con una antelación de entre seis y dos meses a los tres años en que se cumpla la condición. En dicho informe deberán detallar el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.


Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su sitio web un Plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados. Transcurridos el primer periodo de tres años, el Consejo de Ministros valorará si da por finalizada la condición o amplía dos años más la prohibición de la fusión.


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