MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El subdirector de Adif, Ignacio Zaldívar, aseguró este martes en la Audiencia Nacional que la expresidenta de la empresa pública Isabel Pardo de Vera le llamó en dos ocasiones a instancias del exministro José Luis Ábalos porque su entonces pareja, Jesica Rodríguez, se sentía incómoda en la empresa pública en la que había sido contratada.
Según los informes realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la mujer consiguió trabajo como administrativa en las empresas públicas Ineco y Trangsatec y se había quejado a Ábalos de un supuesto acoso laboral.
Zaldívar aseguró que "no recibió instrucciones" para contratar a Jessica Rodríguez pese a que fue él, entonces director de Gestión Administrativa de Adif, quien "entró en contacto con Jesica Rodríguez y recibió su currículo". También fue él quien le propuso trabajar seis meses en Tragsatec, después de haber estado contratada durante dos años en Ineco.
También estaban citadas a declarar este martes la jefa de Selección y Reclutamiento de Ineco, Ana Argita; la experta senior en la misma empresa pública, Josefa Pérez; y María Dolores Tapia, jefa de Proyecto de Jesica Rodríguez.
Todas estas personas tuvieron un "papel relevante" en la contratación de la expareja del que fuera ministro de Transportes. Los testigos confirmaron que aunque se agendó una entrevista antes de la contratación, la cita se canceló y se la contrató directamente.
La responsable del proyecto de Jessica Rodríguez explicó que poco después de ser contratada pasó a depender de Joseba García, el hermano de Koldo, que trabajó en Ineco entre febrero de 2019 y noviembre de 2021. Dijo también que la mujer no acudió a su puesto de trabajo, aunque en los años de la pandemia se hacía teletrabajo.
Dentro de esta causa está citada a declarar el próximo 1 de julio Isabel Pardo de Vera, que comparecerá ante el juez Ismael Moreno como investigada. La expresidenta de Adif va a solicitar un aplazamiento ya que ha decidido cambiar de abogado y dejar la defensa que ejercía la Abogacía del Estado para contratar al penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo.
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