Nueve de cada diez separaciones donde hay denuncias por malos tratos mantienen la patria potestad del denunciado

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Casi el 90% de las sentencias judiciales sobre procedimientos de familia en los que existía al menos una denuncia por violencia de género concedieron la patria potestad al denunciado, según un estudio de la asociación Mujeres Juristas Themis presentado este miércoles en el Ministerio de Igualdad.

Bajo el título 'Tratamiento judicial dado a mujeres y a sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derecho de familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género', la investigación analiza 1.178 resoluciones judiciales de apelación y casación dictadas entre 2022 y 2023 en este tipo de procedimientos.

Según sus conclusiones, existe una preocupante omisión del contexto violento por parte de los tribunales, que tienden a abordar los litigios "como si fuesen de parentales simétricas" e ignoran la desigualdad estructural y el riesgo para la infancia.

De hecho, más del 70% de las resoluciones estudiadas omiten "cualquier referencia a la violencia de género", criticó Themis.

Esta ausencia de perspectiva tiene "consecuencias graves", y advirtió que en casi nueve de cada diez casos se mantiene la patria potestad del agresor. A algunos "se les concede incluso la custodia exclusiva". Además, "se impone la custodia compartida en contextos donde está expresamente prohibida por ley", denunció Themis.

A su juicio, estas decisiones "perpetúan dinámicas de poder desiguales, desprotegen a las mujeres y colocan a niños y adolescentes en situaciones de peligro físico y emocional".

SAP

El estudio detecta asimismo la presencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP) o de sus variantes —como 'interferencia parental' o 'manipulación materna— en el 3,48% de las resoluciones analizadas, pese al rechazo de la comunidad científica. En opinión de Themis, "estas narrativas deslegitiman a las madres protectoras y encubren la violencia".

La asociación denunció también el uso de la coordinación de parentalidad (una figura sin respaldo jurídico), que algunos juzgados utilizan para imponer revinculaciones forzadas con padres agresores en contra del Convenio de Estambul.

IMPACTO ECONÓMICO

Por otro lado, el estudio alerta sobre el fuerte impacto económico que afrontan las mujeres tras separarse de parejas violentas.

Destaca que, en el 44% de los casos, la pensión de alimentos establecida judicialmente no supera los 200 euros mensuales. En más del 68% de las resoluciones no se adjudica el uso del domicilio familiar a la madre custodia, prosigue, y la pensión compensatoria --prevista legalmente— "ha desaparecido en la práctica judicial".

Esta desprotección económica agrava la vulnerabilidad de las mujeres y sus hijas e hijos y "perpetúa la feminización de la pobreza".

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Juristas Themis exigió un protocolo estatal obligatorio que garantice la aplicación de la perspectiva de género e infancia en los procedimientos civiles y una reforma del Código Civil para prohibir las custodias y visitas a progenitores investigados o condenados por violencia de género.

Pidió también sustituir el término 'patria potestad' por 'responsabilidad parental compartida', más acorde con los derechos de la infancia, reforzar Reforzar el papel del Ministerio Fiscal como garante proactivo del interés superior del menor, y prohibir la mediación y la coordinación de parentalidad en casos con antecedentes de violencia machista.