MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha solicitado al Gobierno central que atienda la propuesta del Ejecutivo autonómico de cubrir las 206 plazas de habilitados nacionales que faltan en la región y que no fragmente el cuerpo de funcionarios.
Así lo trasladó García Martín durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, donde recordó que en la Comunidad de Madrid, de los 452 puestos existentes 206 se encuentran en la actualidad vacantes y solo 246 tienen un nombramiento definitivo. Es decir, más de un 45% de los puestos no se han ocupado.
"Ayer mismo, se movilizaban los habilitados nacionales en toda España, por sentirse moneda de cambio de los peajes que Sánchez paga a Puigdemont por mantenerse en La Moncloa. Y desde la Comunidad de Madrid no podemos más que apoyar sus pretensiones y decir no a la fragmentación de ese cuerpo de funcionarios y decir a Pedro Sánchez que dote a los ayuntamientos del personal necesario", trasladó.
Además, recordó que la semana pasada reclamó por carta al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, "que asuma sus responsabilidades y que dote a las entidades locales de los funcionarios que realmente necesitan".
"López, menos bulos y más pisar el despacho y gestionar sus competencias. Hasta que no lo haga, aquí hay una administración responsable. El año pasado creamos, por primera vez en Madrid, una bolsa para el nombramiento de interinos en los ayuntamientos", comentó.
En este sentido, aseguró que la Comunidad de Madrid y para sus ayuntamientos "contar con funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional es fundamental para garantizar el control de la legalidad y la gestión responsable de las finanzas y el presupuesto en las entidades locales".
Por último, García Martín lamentó que el "ataque" de jueces y magistrados y que el Gobierno central esté "colonizando las instituciones para ponerlas a su servicio y utilizarlas como ariete contra los adversarios políticos".
A su juicio, esta estrategia responde "a la necesidad de debilitar la presencia de la Administración General del Estado, para que cuando los partidos independentistas quieran dar un nuevo golpe de Estado en Cataluña, no haya funcionarios que puedan exigir la vuelta a la legalidad vigente, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que defiendan el orden constitucional y jueces y magistrados que puedan juzgar, y, en su caso, condenar a los golpistas". "Pero la estrategia de Sánchez es otra. No es echar una mano a los ayuntamientos, es echársela, pero al cuello", zanjó el consejero.
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