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Liberadas 45 personas explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas | |||
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MADRID, 06 (SERVIMEDIA) La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red de trata de seres humanos y explotación laboral, liberando a 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Según informó este viernes el Instituto Armado, la organización criminal, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino que se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de inmigrantes procedentes de Nepal, Pakistán e India. Los investigadores han detenido a nueve personas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), de las cuales tres han ingresado en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Las víctimas vivían hacinadas, en condiciones insalubres y sometidas a permanente vigilancia en explotaciones agrícolas de cinco comunidades autónomas, donde eran engañadas con falsas promesas de trabajo digno en España. INVESTIGACIÓN CONJUNTA La operación se inició en 2024 cuando se detectó a varios temporeros de origen asiático viviendo en condiciones precarias en una nave de una empresa alimentaria en Candeleda (Ávila), lo que llevó a la detención de tres personas. Días antes se había descubierto a siete trabajadores nepalíes en situación irregular en una instalación agrícola de Valverde de la Vera (Cáceres), que trabajaban con documentación falsificada y vivían en condiciones deplorables. La conexión entre ambas investigaciones condujo a una operación conjunta que permitió nuevas detenciones y la liberación de más víctimas en diferentes puntos del país. EXPLOTACIÓN SISTEMÁTICA Los trabajadores eran obligados a pagar 100 euros mensuales al grupo criminal, además de siete euros diarios por el transporte hasta el trabajo, mientras vivían en condiciones infrahumanas. Las víctimas dormían apiñadas en colchones, con un solo baño para todos y en estancias con graves deficiencias estructurales, sometidas a un control permanente por parte de sus explotadores. Los criminales actuaban como intermediarios con los propietarios de las empresas para conseguirles empleo a sus víctimas, quedándose con parte de sus salarios y manteniendo un sistema de explotación continuada. La investigación culminó con dos registros simultáneos en Caspe (Zaragoza), donde se detuvo a tres miembros del grupo criminal, incluidos los dos principales cabecillas, y se liberó a más de una veintena de inmigrantes. |
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