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El Gobierno aprueba la trasposición de la directiva que refuerza el control de los proveedores 'cripto'

Agencias
martes, 3 de junio de 2025, 16:14 h (CET)

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto de ley que traspone la directiva comunitaria por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, más conocida como DAC8.


Esta norma, que ahora será debatida en las Cortes, conllevará cambios normativos en las obligaciones tributarias en el ámbito de lasccriptomonedas, al reforzarse las obligaciones de información de los proveedores de éstas, según informa el Ministerio de Hacienda en un comunicado.


Esto implicará un mayor refuerzo en el control sobre los activos de este tipo que estén situados en el extranjero y sobre los saldos.


También se incluye la sustitución del concepto de moneda virtual por el de criptoactivo. Además, el texto incluye modificaciones en la Ley General Tributaria en lo referente a la prescripción, cumpliendo así con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.


Este proyecto de ley supone modificar hasta cuatro normas: la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para realizar esos cambios en las materias de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información, y la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También se realizarán cambios parciales en las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio. A esto se suman modificaciones en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.


La DAC8, que traslada al ordenamiento jurídico el nuevo Marco de comunicación de información sobre criptoactivos de la OCDE, cambiando así el Estándar común de comunicación de información, implica que en la Unión Europea se reforzarán las obligaciones de información y diligencia sobre estas divisas que deben cumplir los proveedores de las mismas.


Es algo que afectará a todo el que las posea, ya que la información sobre criptoactivos que deberá recibir la Administración será tanto la de usuarios no residentes como los residentes en España.


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