El Gobierno aprueba la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que establece la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer que formarán parte de los nuevos Tribunales de Instancia.

Según informó el Ministerio de Justicia, esta medida responde a las nuevas competencias asignadas por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrarán en vigor a partir de octubre.

Esta ley amplía el ámbito de actuación de estas Secciones, que ahora incluirán todos los delitos sexuales cometidos contra mujeres, más allá del entorno de pareja o expareja, cumpliendo así con las obligaciones internacionales derivadas del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica y contra las mujeres.

Con esta ampliación se prevé un incremento de jueces especializados en violencia contra la mujer en España cercano al 50%. Esto permitirá al sistema judicial mejorar su respuesta y sensibilidad ante estos casos. Cada nueva plaza de juez irá acompañada de la creación de una plaza de fiscal especializado, sumando así 42 nuevas plazas en la plantilla del Ministerio Fiscal.

Además, el Real Decreto incluye la creación de Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia. Se implantarán en tres partidos judiciales específicos: Madrid, Barcelona y Málaga.

La asignación de las nuevas plazas de jueces por comunidades autónomas contempla que Andalucía reciba 10 plazas, seguida por Madrid con 6 y la Comunidad Valenciana con 5. Cataluña, Galicia y Canarias contarán con 4 nuevas plazas cada una, mientras que Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura dispondrán de 3 plazas. Murcia y Castilla y León tendrán 2 plazas cada una, y finalmente, Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi recibirán 1 plaza.

La mayoría de estas plazas entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de este año. De esta manera, el Gobierno subrayó que muestra su compromiso con la protección de víctimas de violencia de género y sexual, garantizando que el sistema judicial disponga de los recursos adecuados para dar una atención especializada y eficaz.