La ANA asegura que la Ley de Vivienda ha elevado los precios y dificultado el acceso a los inmuebles

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) señaló este lunes que la Ley del Derecho a la Vivienda, que este año cumple dos años desde su entrada en vigor, ha tenido un impacto "negativo" para arrendadores y arrendatarios porque, en su opinión, ha destruido una parte muy importante de la oferta de viviendas en alquiler, lo que ha elevado los precios y ha dificultado el acceso a los inmuebles.

Así lo expresó el CEO de la ANA, José Ramón Zurdo, quien hizo balance del mercado del alquiler en España y manifestó que la ley "ha perjudicado a los inquilinos porque se han visto sometidos a auténticos procesos de selección que, lo más vulnerables, no logran superar". Además, insitió en que esta ley ha incrementado la inseguridad jurídica para los propietarios, ha alargado los procedimientos de desahucio y agravado el problema de la ocupación ilegal.

"Esta situación ha llevado a la Agencia Negociadora del Alquiler ha ofrecer gratuitamente la instalación de sistemas de alarma a los propietarios durante los procesos de comercialización de sus inmuebles para prevenir ocupaciones y tranquilizar a los dueños", explicó Zurdo.

Otro de los efectos de esta ley, señaló, es el incremento general de la carga fiscal sobre los arrendadores a causa de la reducción de las deducciones fiscales del 60% al 50%, lo que supone "un aumento de la tributación en 10 puntos porcentuales".

Para Zurdo lo "más preocupante" es que el legislador "sigue sin entender que el problema del mercado del alquiler no está en aumentar la burbuja de la demanda, sino en aumentar una oferta que se ha reducido significativamente debido a la inseguridad generada por la normativa actual".

Esto ha provocado que muchos propietarios opten por modalidades "más flexibles y menos reguladas" como los distintos tipos de 'coliving': alquileres flexibles, alquileres por temporadas o el alquiler de habitaciones. "La Ley ha generado la figura del arrendador vulnerable que, en muchos casos, son personas mayores que necesitan de la renta del alquiler para complementar sus ingresos, lo que plantea un nuevo desafío social y jurídico que requiere de atención urgente", advirtió la ANA.