Asociaciones de jueces y fiscales convocan un paro el 11 de junio en protesta a las nuevas reformas del Gobierno

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Media decena de asociaciones de jueces y fiscales han acordado convocar un paro de diez minutos el día 11 de junio, a las 12.00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, "a fin de que los miembros de las carrera judicial y fiscal visibilicen el descontento" por las medidas anunciadas por el Gobierno para reformar el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal que, a su juicio, incrementan el riesgo de su politización.

Este es uno de los cuatro acuerdos suscritos este viernes por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

No obstante, las cinco organizaciones mantienen su "plena disposición a seguir debatiendo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios", aunque "sin renunciar a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución" de sus objetivos.

De hecho, las asociaciones han emplazado ya a todas las fuerzas políticas a celebrar una serie de reuniones. Una propuesta que han extendido también al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores de España, a la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones. Con estas entrevistas, quieren "explicarles los peligros y las consecuencias que pueden suponer ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia".

Las asociaciones firmantes reclaman al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños que retire las reformas de la carrera judicial y de la fiscal por "recoger medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".

Del mismo modo, se oponen al anteproyecto de ley para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque "supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".

Por último, exigen al Ministerio de Justicia que cumpla con los acuerdos alcanzados el 23 de mayo de 2023, cuando se desconvocó la huelga entonces anunciada y, "yendo más allá, se realice desde ya una amplísima convocatoria de los turnos libre y cuarto turno, sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad".