Bustinduy insta a Mazón a sancionar a los pisos turísticos ilegales en Valencia y a aplicar "sin dilación" la Ley de Vivienda

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, instó este viernes al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a que sancione a las empresas "responsables" de la oferta ilegal de pisos turísticos en esta comunidad autónoma y a que aplique "sin dilación" la Ley de Vivienda, que permite topar los precios del alquiler.

Así lo reclamó en declaraciones a los medios de comunicación en el transcurso de su visita a Gandía para establecer vías de colaboración con el ayuntamiento de esta localidad, una de las más tensionadas por la proliferación de viviendas turísticas en la provincia de Valencia, a partir de las iniciativas que está llevando a cabo su gabinete para frenar la saturación de estos alojamientos a través de su publicidad ilícita.

Durante esta visita, el ministro Bustinduy, que esta misma semana ordenó a la plataforma Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, emplazó al govern de la Generalitat Valenciana a que actúe, en el marco de sus competencias, sobre este tipo de viviendas que se publicitan de manera ilícita y a que inspeccione todos los pisos turísticos que se anuncian ilegalmente, cierre todos aquellos que incumplen la normativa y sancione a las empresas que gestionan estos alojamientos en la región, ya que, recordó, "es su competencia, su normativa y su responsabilidad", convencido de que "no hay excusa para no actuar".

En este contexto, puntualizó que el Ministerio de Consumo "ya ha hecho el trabajo que no han hecho los gobiernos autonómicos", esto es, bloquear los anuncios ilegales "conforme a la normativa autonómica". "Esto era responsabilidad de los gobiernos autonómicos; no lo hicieron, lo ha hecho el Ministerio de Consumo", reiteró, al tiempo que subrayó que "lo esencial ahora es conseguir que se cumpla y se respeten las normas".

"Y, a continuación, conseguir que esas viviendas, donde antes residían familias, trabajadores, estudiantes, vuelvan a ese uso y que se pongan en alquiler asequible", abundó, consciente de que "hay herramientas para ello" como la Ley de Vivienda, que permite "topar" los precios de los alquileres "abusivos" y "forzar" a los grandes tenedores a poner esas viviendas "donde deben estar", en la "función social" que debe "cumplir" la vivienda, que es "que las familias y los trabajadores puedan vivir en ellas".

MAZÓN NO QUIERE

A este respecto, advirtió de que, "si la Ley de Vivienda no se aplica en esta comunidad, es porque el señor Mazón no quiere". "Los alquileres abusivos podrían bajar en la Comunidad Valenciana mañana si el señor Mazón tuviera la voluntad política para hacerlo", apuntó, al tiempo que le "conminó" a que lo haga "de manera inmediata, sin más dilación".

"Basta de excusas, basta de proteger a quienes hacen un negocio con el derecho a la vivienda por encima de las necesidades de las familias trabajadoras de este país", apostilló.

El titular de Derechos Sociales y Consumo también avanzó que su cartera va a remitir al Ejecutivo de Mazón una carta "ofreciéndole" y poniendo a su "disposición" las "herramientas" del Ministerio de Consumo y la información de la que dispone y adelantó que, según la unidad de análisis de su departamento, "más de la mitad de los pisos turísticos que se ofertan en grandes plataformas en la Comunidad Valenciana no cumplen con la normativa autonómica".

"Creo que hay una demanda social, hay un clamor social absolutamente transversal, para poner orden en el descontrol de los pisos turísticos irregulares, que están haciendo que los vecinos se vean expulsados de sus barrios, que muchas ciudades en este país se estén convirtiendo en parques temáticos y que se esté anteponiendo sistemáticamente el interés comercial de grandes empresas sobre el derecho a la vivienda de los ciudadanos", criticó.

INTERÉS GENERAL

Por último, consideró que "cualquier gobierno, cualquier administración pública, sea del signo político que sea, se debe al interés general y a proteger los derechos de la ciudadanía; específicamente el derecho constitucional a la vivienda, que es el principal problema que enfrentan las mayorías trabajadoras del país".

Tras la reunión con el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, a quien agradeció su "trabajo ejemplar" en la "lucha" contra el "intrusismo", en las labores de inspección y en el "esfuerzo por regularizar y controlar" esta actividad económica "fundamental", pero que, a su entender, "debe hacerse en condiciones, primero, de respeto de la legalidad", el ministro se trasladó a Valencia, donde visitará el barrio del Cabanyal, uno de los más saturados por los alojamientos turísticos, y mantendrá un encuentro con asociaciones vecinales para conocer los problemas que denuncian, como el crecimiento exponencial de viviendas turísticas en esta zona.