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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), anunció que se concentrará el próximo 3 de junio frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir al Gobierno una solución inmediata que garantice el futuro y la estabilidad de Talgo y de sus trabajadores y pidió al Gobierno que desatasque la situación de la venta de la compañía, ya que la demora en el proceso de venta está generando "graves perjuicios" para la compañía, tanto para su correcto funcionamiento como para sus empleados.
"La plantilla ya se ha visto damnificada económicamente por las sanciones impuestas por Renfe en 2024 como penalización por los retrasos en la entrega de los trenes Avril. Esta multa, que consideramos desproporcionada e injusta, significó una pérdida de aproximadamente 10 millones de euros en variables para el personal", adviritió CSIF, quien recordó que a pesar de que el pasado 14 de febrero se firmó un principio de acuerdo para vender el 29,77% de Talgo que poseía el fondo Trilantic al consorcio vasco liderado por Sidenor y en el que también participan el fondo público vasco, Finkatuz, y las fundaciones Vital y BBK; el proceso de compraventa sigue sin ejecutarse al completo debido a problemas financieros (multa de Renfe y deuda), dificultades para completar las condiciones de financiación, trámites regulatorios pendientes y "falta de claridad" sobre el plan industrial presentado.
Por ello, desde CSIF reclamaron al Gobierno que resuelva estos términos a la mayor brevedad para poner fin a la incertidumbre y que vele por los intereses de los trabajadores. "Talgo, una empresa estratégica para España con casi un siglo de historia y una sólida cartera de pedidos, no puede verse amenazada por intereses políticos ajeno", afirmó CSIF, quien reclamo al Gobierno que facilite acuerdos que prioricen el futuro de la compañía y la protección de sus trabajadores. "Nuestra organización se posiciona firmemente en defensa de los derechos de los trabajadores de Talgo y advierte que no permitirá que ninguna acción ponga en riesgo la estabilidad de la plantilla", sentenció el sindicato de empleados públicos.
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