Bustinduy denuncia en Bruselas que el PP "se niega categóricamente" a aplicar la Ley de Vivienda y pide "redoblar la lucha"

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, denunció este martes en Bruselas que los gobiernos autonómicos del Partido Popular "se niegan categóricamente" a aplicar la Ley de Vivienda y pidió "redoblar la lucha" y responder con "más presión social".

Así lo reivindicó durante su intervención en el acto 'Crisis de la vivienda en Europa: de la denuncia a la acción', que se desarrolló en el Parlamento Europeo y en el que también participaron los eurodiputados de Sumar Estrella Galán, Jaume Asens y Vicent Marzá, junto a asociaciones y movimientos sociales.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy subrayó que dicha ley es "una de las pocas herramientas" para "incidir y desmontar" el "andamiaje" que está "hecho" para convertir la vivienda "no solo en un bien de mercado, sino como herramienta de acumulación y extracción de rentas" que hace que vivir de alquiler en las grandes ciudades en España "se haya convertido en el principal factor de riesgo de pobreza o de exclusión social".

Tras puntualizar que la situación que representa la vivienda en España "no es un fenómeno natural o atmosférico ni una crisis que haya caído", advirtió de que el mercado "está políticamente construido así" y de que ese "entorno financiarizado extractivo" se ha "fabricado políticamente a lo largo de décadas de políticas públicas que han favorecido que así sea".

"Es una cuestión de modelos políticos que se han generado para hacer del mercado de la vivienda el principal factor de estratificación social en España", abundó, consciente de que se trata de un mecanismo de "generación y restricción de oportunidades e itinerarios de vida".

IMPUNIDAD INSOPORTABLE

Junto a ello, lamentó que, "a continuación, hay una impunidad insoportable, una dejación de funciones" por parte de administraciones que "han permitido que prolifere un negocio manifiestamente ilegal y, ante la posibilidad de revertir parcialmente esa situación y devolver una parte de ese parque de vivienda a su función social, hay una determinación política de obstruirlo y de no aplicarlo".

En la misma línea, asumió la importancia de "acabar con las formas fraudulentas de sortear la normativa vigente" y apostó por "perseguir prácticas fraudulentas que surjan a partir de la erradicación de prácticas fraudulentas de la misma manera; yendo a por ello". "Es decir, si contestan con una ilegalidad mayor, habrá que perseguirlo", apostilló.

En este punto, puso en valor la acción de su departamento sobre un mercado en el que "proliferan las prácticas abusivas y fraudulentas de una manera rampante" con el fin de abordar "algunas de las prácticas más sangrantes" en este ámbito, relacionadas, entre otras cuestiones con "prácticas abusivas" por parte de grandes inmobiliarias y con los pisos turísticos.

A este respecto, coincidió con el director general de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez, en que es "evidente que no se va a resolver el problema de la vivienda sencillamente eliminando los pisos turísticos en España".

MUCHO MÁS ALLÁ

"Eso es así, por mucho que haya numerosos estudios que demuestran el impacto que tiene la concentración de pisos turísticos no solo en el vaciamiento de las ciudades, en la pérdida del tejido social, en la expulsión de vecinos, sino también en el tensionamiento de los precios", agregó, convencido de que "esto está demostrado una y mil veces", si bien el problema "va mucho más allá".

En este contexto, hizo hincapié en que, tras enviar a la plataforma "hasta tres resoluciones a lo largo de los últimos meses" instándole a que retirase de su página web casi 66.000 anuncios "que son ilegales porque no cumplen la normativa obligatoria para este tipo de actividad económica", a lo que la multinacional "se había negado", el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha "dado la razón" al ministerio y "les obliga a retirar el primero de los tres paquetes de esas resoluciones por un total de casi 6.000 pisos".

En paralelo, valoró el "aval" judicial a la acción política de su cartera y la "clarísima victoria" que implica para la "lucha por el derecho a la vivienda y contra la proliferación de los pisos turísticos".

"Pero hay otra parte que es mucho más sencilla y es que, cuando se actúa, se consiguen resultados; que, con voluntad política y determinación, se pueden conseguir cosas que son pequeñas en relación a la magnitud general del problema, pero que marcan una dirección y sobre todo una responsabilidad respecto a esto", añadió, al entender que en esos 65.000 pisos turísticos "que se anuncian ilegalmente" antes "vivían familias, estudiantes, trabajadores que han visto cómo sus ciudades se están convirtiendo en parques temáticos".

NO ES INEVITABLE

Para Bustinduy "no es verdad que esto sea inevitable" y "esto está producido por una maquinaria que les permite operar con total impunidad" y, ante la posible "caída del modelo de comercialización" lanzó "una idea" a los propietarios de esos pisos, "en su gran mayoría, grandes empresas", exigiéndoles que los pongan en alquiler asequible según los índices de referencia que marca la Ley de Vivienda.

El "problema", a su entender, es que, "evidentemente, no lo van a hacer por su buena voluntad", por lo que convino en que "hacen falta herramientas para hacer que sea obligatorio devolver esas viviendas a la función social que nunca deberían haber perdido".

"Casualidad: tenemos herramientas para hacerlo. La ley de Vivienda permite topar los alquileres y forzar que los grandes tenedores tuvieran que ponerlos en alquiler asequible", ironizó, al tiempo que incidió en que el PP "se niega categóricamente a aplicarla".

Por todo ello, tras décadas de "lucha" que "han conseguido grandes victorias", estimó que "es momento" de "redoblar la lucha política y social" para que "quienes están obstruyendo las soluciones a este problema no puedan seguir haciéndolo" porque "le va la vida en ello a las mayorías sociales de nuestro país" y afirmó que su gabinete intenta "aportar un granito de arena a esa presión y a esa lucha".

"Desgraciadamente, esto es una correlación de fuerzas, porque los intereses son muy poderosos", alertó, al tiempo que consideró que "es el momento de redoblar la apuesta" y "presionar todo lo que se pueda" a todas las administraciones para que "hagan lo que es su obligación y su responsabilidad hacer para consagrar un derecho constitucional" y llamó a "hacer inasumible política y socialmente el coste de seguir obstruyendo la intervención política del mercado de la vivienda en España".