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La Generalitat Valenciana recurrirá al Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados | |||
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MADRID, 20 (SERVIMEDIA) El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto que regula el reparto de menores mingrantes no acompañados. El Decreto-Ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias, fue convalidado por el Congreso de los Diputados el jueves 10 abril por 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención. Vox y PP fueron las únicas formaciones que se opusieron a la norma. El texto propone una serie de criterios objetivos y establece fórmulas para calcular coeficientes. El mayor peso en cuanto a la recepción de menores corresponde a la población de cada comunidad (50%) y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita de cada territorio, su nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener, según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia. Con ello modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería a fin de permitir los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades autónomas cuando la ocupación en un sistema de protección alcance el triple de su capacidad. Por lo tanto, esta norma regula la reubicación de menores extranjeros no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como son Ceuta o Canarias, a otras comunidades autónomas. CONSIDERACIONES DEL RECURSO El Consell autorizó el pasado 1 de abril a la Abogacía a iniciar los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra este Real Decreto-Ley y solicitar la emisión del preceptivo dictamen. El texto de acuerdo establece la fundamentación legal para interponer el recurso. Se basa en la vulneración del Real Decreto-Ley a las competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana en lo referente a asistencia social y la protección de menores. También considera que quebranta los principios de cooperación, colaboración, coordinación y lealtad Constitucional. Asimismo, señala que se quebranta el principio de autonomía financiera, al obligar a la Generalitat a asumir un gasto no previsto en sus presupuestos, ni acompañarlo de una dotación financiera estatal adecuada para atender a los menores trasladados. El Consell considera injustificable regular estas competencias que afectan a derechos y deberes fundamentales, recogidos en el Título I de la Constitución, a través de un decreto ley. Además de esto, critica la falta de diálogo institucional, puesto que el Gobierno central impone estas declaraciones de manera unilateral. |
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