MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, cargó este martes contra la reforma del Reglamento de Extranjería que entra en vigor hoy, con el que aseguró que "casi 1 millón de inmigrantes en situación irregular dejarán de serlo".
Así lo sostuvo Pepa Millán en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que quiso "denunciar" los planes del Gobierno "que pretende regularizar a 300.000 inmigrantes ilegales al año durante los próximos 3 años".
Según Millán, con el Real Decreto 1155/2024, que reforma el Reglamento de Extranjería, y entra en vigor este martes, "casi 1 millón de inmigrantes en situación irregular dejarán de serlo gracias a la modificación reglamentaria que ha elaborado el Gobierno en la que flexibiliza hasta el extremo la figura del arraigo".
En concreto, dijo, "reduce el periodo de permanencia en España a 2 años, a excepción del arraigo familiar que no lo requiere".
La portavoz de Vox afirmó que de esta forma "para acreditar el arraigo social, ya no será necesario que el inmigrante cuente con vínculos familiares, sino que reconozca y respete no ya los valores del país en el que se encuentra, esto es de España, sino los valores estatutarios de la comunidad autónoma donde se resida".
Por ello calificó la iniciativa de "tomadura de pelo y un desprecio infinito a España", ya que en su opinión "la nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política para configurar el censo".
ENDUCERECER LA LEY
Millán, por contraposición, defendió que su grupo considera "urgente" el endurecimiento generalizado de la legislación vigente en materia de inmigración.
A este respecto, avanzó que su grupo ha registrado una iniciativa para modificar la vigente Ley de Extranjería "al objeto de restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo".
Desde Vox cargan especialmente contra "la negativa del Ejecutivo a exigir la acreditación de la inexistencia de antecedentes penales a los extranjeros si han permanecido en España de forma continuada durante los últimos cinco años".
En este punto, consideran necesaria "una modificación que posibilite la expulsión de nuestra Nación de aquellos inmigrantes que hayan sido condenados con penas de prisión".
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