MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) registrará este lunes en el Palacio de la Moncloa una petición formal para que el Gobierno pague a los trabajadores públicos la subida salarial del 0,5% pendiente de 2024.
El sindicato también instará al Ejecutivo en ese documento a negociar un nuevo acuerdo para la Función Pública, ya que el actual expiró el 31 de diciembre, y a establecer la oferta de empleo público para este año.
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, será el encargado de presentar la petición, sobre las 11.00 horas de este lunes, junto con una delegación de representantes del sindicato.
CSIF lleva tiempo denunciando que los empleados públicos todavía no han cobrado la variable del 0,5% que recogía el Acuerdo Marco para la Función Pública 2022-2024. Este incremento se aplicaría si la suma de la variación del dato del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años, como así ocurrió.
El sindicato estima que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC, puesto que sus sueldos no se han actualizado para compensar la subida de los precios de 2024. CSIF exige que este incremento pendiente se apruebe por decreto, como ya hizo el Ejecutivo en marzo con el personal militar.
Además, CSIF reivindica la negociación de un nuevo acuerdo laboral para la Función Pública, ya que el anterior, firmado sólo por CCOO y UGT con el Gobierno, concluyó hace medio año. CSIF se opuso a respaldar ese acuerdo, que contemplaba una subida salarial de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024 para los funcionarios porque consideraba que no devolvía el poder adquisitivo a los trabajadores públicos.
El sindicato sostiene que los empleados de la Función Pública acumulan una pérdida de poder de compra del 5,8% desde 2022 y de más del 20% desde los recortes del 2010.
En cuanto a la negociación de un nuevo acuerdo, CSIF aboga la actualización de los sueldos públicos de forma automática con el IPC, como ocurre con las pensiones, al margen del porcentaje adicional que se pacte en la negociación.
Asimismo, reclama una la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, sin tasa de reposición; la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones; la equiparación salarial entre administraciones; la mejora de las condiciones de jubilación; y la adecuación de los grupos profesionales.
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