MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, negó este miércoles haber participado en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmado en julio de 2018. Rechazó, por tanto, haber incurrido en el delito de malversación por el que le investiga el juez Juan Carlos Peinado, que hoy le tomó declaración.
Martín dijo a los periodistas tras declarar ante el juez que está "tranquilo" y convencido de que en este asunto "todo va a quedar en nada, porque no hay nada". Fuentes jurídicas aseguraron que durante el tiempo en que fue secretario general de Presidencia no tuvo conocimiento de "ningún incumplimiento" de funciones por parte de la asesora.
El representante del Gobierno en Madrid estaba citado este miércoles a declarar como investigado ante el instructor del 'caso Begoña Gómez' por un presunto delito de malversación por su "aparente participación" durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid citó al delegado del Gobierno a las 13.30 horas después de haber admitido a trámite una querella presentada por Vox. Martín compareció en compañía de un abogado del Estado que ejerce su defensa. Su declaración duró escasos minutos, ya que sólo respondió a tres preguntas de su defensa, y se acogió a su derecho a no responder al resto de las partes.
El juez cree que pudo incurrir en un delito de malversación cuando era jefe de gabinete del actual ministro Félix Bolaños, secretario general de Presidencia en 2018, cuando se formalizó el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez.
A su salida de los tribunales de Plaza de Castilla, Martín dijo a los periodistas que esta citación para declarar como investigado es "incomprensible", pese a lo cual dijo seguir "confiando en la Justicia" y estar "tranquilo" porque todo va a quedar en nada" en esta causa.
La Fiscalía recurrió la imputación de Martín ya que la asesora fue contratada en 2018 y el investigado no fue secretario general de la Presidencia hasta tres años después, en julio de 2021.
De hecho, las pregustas de su defensa se refirieron a las fechas de ambos nombramientos. Martín también respondió a la pregunta de si detectó algún incumplimiento de la funciones de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente.
Martín es el sexto investigado de la causa, junto a la propia Begoña Gómez y Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el directivo del Instituto de Empresa y exconsejero madrileño Juan José Güemes.
También compareció este miércoles Raúl Díaz Silva, coordinador de cargos de Mocloa, la persona de la que dependía la asistente. El juez le pidió detalles sobre la contratación de Álvarez que el testigo no pudo responder por falta de datos, ante lo cual el juez le ordenó que recopile la información y le adelantó que le volverá a citar.
GOOGLE E INDRA
Además, el juez Peinado tomó declaración este miércoles a varios testigos en la pieza que indaga la financiación de la cátedra que codirigía Begoña Gómez por parte de empresas como Google, Indra o Minsait, filial de Indra.
A primera hora de la mañana estaban citados el responsable de Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica, Luis Abril; al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; el vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo; y al responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi.
El juez intentó averiguar si detrás de la relación con estas empresas hubo tráfico de influencias, pero la propia Universidad Complutense explicó que este tipo de patrocinios es frecuente y descartó irregularidades. En este sentido, Varo aseguró al juez que su relación con Begoña Gómez tiene un carácter estrictamente "profesional".
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