Igualdad estudia una propuesta de modificación del Código Penal para evitar casos como el del libro sobre Bretón

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Igualdad está estudiando una propuesta de modificación del Código Penal (CP) para evitar que los autores de violencia vicaria difundan información sobre el delito por que fueron juzgados, como ocurrió con el libro sobre José Bretón, condenado por matar a sus dos hijos. El objetivo que persigue el Ministerio del que es titular Ana Redondo es evitar la revictimización.

El Gobierno baraja proponer la modificación de los artículos 39 y 48 del CP para impedir que los autores de delitos de violencia vicaria puedan comunicar o difundir a terceros -como, por ejemplo, medios de comunicación-, datos, información o las motivaciones del delito por el que se les haya juzgado.

Así lo explicaron fuentes de Igualdad, quienes también afirmaron que esta sería una respuesta inmediata a la cuestión del libro sobre José Breton, 'El odio'. Esta modificación que valora Igualdad trataría de incluir penas accesorias a dichos artículos, que establecen penas privativas de derechos y suelen ser aplicadas a los autores de violencia vicaria.

Por un lado, el artículo 39 enumera penas privativas de derechos como la inhabilitación para cargos públicos, la suspensión de empleo, la privación del derecho a conducir, la tenencia de armas o la privación de la patria potestad. En su caso, el artículo 48 establece penas que impiden al condenado residir o acudir a los lugares donde cometió el delito, o a aquellos en los que reside la víctima o su familia.

Así pues, la modificación que estudia Igualdad consistiría en la inclusión de penas accesorias a estos artículos que impidieran al autor del delito comunicar o difundir cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con el caso que le haya llevado a estar en situación de pérdida de libertad. De este modo, los condenados por violencia vicaria no podrían, por ejemplo, dar su versión o hacer declaraciones en los medios de comunicación.

En concreto, las mismas fuentes de Igualdad explicaron que, en la pena de prohibición de comunicarse con la víctima o sus familiares, se incorporaría también una pena por la difusión pública de contenidos cuyo propósito o efecto sea revictimizar. Es decir, esta pena accesoria estaría vinculada a que haya un objetivo de dañar a la víctima, posterior al hecho delictivo juzgado, y se busca que forme parte de la propia prohibición de comunicación.

La decisión de aplicar esas penas accesorias recaería en los jueces, que tendrían que valorar la aplicación de estas condenas adicionales según cada caso. Esto evitará, según fuentes de Igualdad, que se vuelva a producir un caso como el del libro 'El Odio', donde fue necesario ponderar unos derechos por encima de otros. Desde Igualdad consideran que, con la modificación en estudio, no se llegaría a esa situación.

De igual modo, esta idea que está trabajando Igualdad aún no tiene un marco seguro en el que se encuadrará, puesto que todavía se está estudiando si se incluye en un paquete grande de medidas sobre violencia vicaria que se negociarían con los grupos parlamentarios por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género o si se recurre a otra vía para plantear esta propuesta. Además, desde Igualdad afirmaron que cualquier tipo de avance como este y el desarrollo del pacto de estado se realizarán de la mano con los grupos políticos que apoyaron dicho pacto.

En todo caso, dado que el Código Penal es una ley orgánica, cualquier propuesta de modificación de su articulado requiere de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para salir adelante.