Foro Nuclear pide al Gobierno dialogar sobre el cierre de las centrales

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Foro Nuclear pidió este lunes al Gobierno establecer una mesa de diálogo para analizar de manera conjunta la situación de las centrales nucleares para plantear su continuidad más allá del calendario de cierre previsto, ya que asegura que "el parque nuclear español está en las mejores condiciones técnicas y de seguridad".

Así se expresa el lobby nuclear tras la manifestación del pasado sábado 18 de enero en Almaraz contra el cierre de la planta y después del comunicado difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde defendía que el cierre es una decisión empresarial.

A este respecto, la industria nuclear recuerda que "la política energética es responsabilidad del Gobierno" y que "la política fiscal también". Además, denuncia que esta tecnología "ha soportado en los últimos cinco años un incremento de la presión fiscal asfixiante".

Según el Foro, la carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo un 70%, pasando de 16 euros por megavatio hora (MWh) a 28 euros por MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica.

Por ello, asegura que "la presión fiscal que soporta la nuclear supone una losa para la competitividad de la generación nuclear en España y, por tanto, para su continuidad".

De hecho, añade que "el constante incremento tributario, que en la práctica supera el resto de costes operativos juntos, es la mayor incertidumbre que afronta el sector y la principal razón que impide la continuidad de las plantas ya que ningún otro país con centrales nucleares, de nuestro entorno europeo, soporta estas desproporcionadas cargas fiscales".

Por último, advierte de que "el cierre de la central de Almaraz tendría un impacto negativo muy importante y directo en la economía y en el empleo de la comarca del Campo Arañuelo y, por ende, en toda Extremadura".

Asimismo, alerta de que "afectaría negativamente al conjunto del sector energético en España, reduciendo los márgenes de cobertura de demanda, empeorando la estabilidad de la red, incrementando la factura eléctrica de ciudadanos y empresas, y las emisiones de CO2".