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Consumo investiga a siete aerolíneas por “supuestas irregularidades” en su política de equipajes de mano y asignación de asientos | |||
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MADRID, 07 (SERVIMEDIA) La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo está investigando a siete aerolíneas de bajo coste que operan en territorio nacional por “supuestas irregularidades” en su política de equipajes de mano y asignación de asientos. Así lo anunció este miércoles el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que precisó que las prácticas sobre las que su ministerio ha abierto una investigación están relacionadas con el cobro como “extras” de servicios que, “generalmente, son necesarios e imprescindibles” para los pasajeros a la hora de viajar. En este sentido, puso como ejemplo el cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, incluso en el caso de menores de edad o personas con algún grado de dependencia. A este respecto, puntualizó que, al amparo de sus nuevas competencias sancionadoras ante “fraudes masivos”, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías ‘low cost’ son “abusivas o desleales” y si “contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo”. En paralelo, la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador también investiga si, mediante prácticas como la segmentación de precios, los operadores podrían estar obteniendo “posiciones privilegiadas” en los motores de búsqueda y comparadores de vuelos ‘online’ con precios “muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor en la transacción final”. Consumo explicó que las compañías investigadas ostentan, en su conjunto, una cuota de mercado por encima del 30% tanto dentro como fuera de Europa, por lo que, a su juicio, “tienen incidencia en la contratación de millones de pasajeros”. En este punto, advirtió de que las conductas investigadas constituirían “presuntas infracciones graves” que pueden sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4% de la facturación “si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE”. |
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