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MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló este jueves que el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos tiene “una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal” por un “pequeño diferencial de tipos” en la tributación de los dividendos obtenidos en terceros países.
Así lo indicó en una entrevista concedida a TVE, recogida por Servimedia, en la que equiparó la decisión de la compañía propiedad de la familia Del Pino con las decisiones de “mucho riesgo” que tomaron entidades bancarias antes de la crisis financiera para obtener “bonus más grandes y beneficios más grandes” y que acabaron con “resultados negativos”.
“Qué mala consejera es a veces la codicia”, señaló Escrivá, quien afirmó que este tipo de comportamientos “raramente ocurren” y suelen ser “contraproducentes” en una perspectiva de medio plazo.
Por otro lado, en su valoración de los datos de empleo, el ministro subrayó que el dato es “extraordinariamente bueno” en el “contexto internacional complejo” actual y subrayó que desde la pandemia se han creado 950.000 empleos.
Para Escrivá, el dato pone de manifiesto que las empresas españolas se están desenvolviendo “en un entorno de confianza y certidumbre” que les lleva a tomar “decisiones de inversión muy fuertes y “contratar a mucha gente”.
Ferrovial anunció este martes la aprobación de una reorganización corporativa que consistirá en una fusión inversa entre la compañía y Ferrovial Internacional, sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, que pasará a ser la matriz del grupo, y su traslado del domicilio social con el objetivo de “alinear la estructura corporativa con el perfil internacional”.
La compañía dirigida por Rafael del Pino aseguró que la decisión no va a suponer un impacto en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria y justificó su decisión señalando que en la actualidad es una compañía “con la mayor parte de su negocio fuera de España”.
Así, apuntó que el hecho de cotizar en los Países Bajos “potencia” su internacionalización”. La compañía prevé también solicitar la cotización en Estados Unidos, una vez se complete la operación de fusión con el visto bueno de los accionistas en la junta general, algo que se espera para el segundo o tercer trimestre del año.
La decisión ha provocado una cascada de críticas de diferentes miembros del Gobierno. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, tuvo este miércoles una conversación con Rafael del Pino, al que expresó su “rechazo” a la “errónea” y aseguró que “no resulta aceptable” que una compañía que “ha nacido y crecido en España gracias a la inversión pública” muestre “esta falta de compromiso con su país”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó a la compañía de marcharse “sin rubor” de España para hacer 'dumping' fiscal y reclamó al Ministerio de Asuntos Económicos que adopte “las medidas que sean menester” para evitarlo. También hizo un “llamamiento” a los accionistas para que “reconsideren su posición”.
Por el contrario, la dirección nacional del Partido Popular reaccionó a la decisión recomendando a Calviño preguntarse si ha “hecho algo para empujar a que se tenga que ir”.
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