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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados rechazó este martes tramitar la proposición de ley de Junts para eliminar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicado a los líderes del ‘procés’, que establece que si hay un auto de procesamiento o se ha decretado prisión provisional por “delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebelde” supondrá la suspensión de empleo o cargo público.
La toma en consideración de esta proposición fue rechazada con 35 votos a favor, 273 en contra y 33 abstenciones.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Junts Josep Pagès i Massó señaló que con la derogación de este artículo se evitarían “futuras intromisiones judiciales” contra la soberanía de las cámaras, la división de poderes y el Estado de derecho y se cerraría la puerta a la “vulneración” del principio “fundamental” de la presunción de inocencia.
Asimismo, acusó a los jueces de aplicar de forma “abusiva” este artículo a los líderes independentistas, lo que supuso una “sanción anticipada” y una “predeterminación” del resultado del proceso penal en el que estaban inmersos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Raül Romeva y Joaquim Forn.
A su juicio, todos ellos fueron “apartados por las togas” de la representación que las urnas les habían otorgado. “Nadie en su sano juicio podía pensar que en un Estado supuestamente democrático se iba a aplicar más allá del terrorismo de ETA una norma que sin sentencia alguna despoja a los representantes públicos de su cargo”, añadió.
Pagès i Massó deploró que la suspensión “indiscriminada” de los lideres políticos independentistas evidenció que el citado artículo “no es más que una herramienta en manos de los jueces para dar curso a su activismo político”, y avisó de que la “mera existencia” de este artículo es un “peligro”.
REPROCHES
El diputado del PSOE Francisco Aranda matizó a Junts que España “no es una democracia fallida” como quieren hacer ver algunos portavoces independentistas con argumentos “retorcidos, falsos e injustificados”, y subrayó que su partido no comparte ni la “oportunidad, ni la justificación ni los motivos” que expone esta iniciativa.
Por parte del PP, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro apostó por que el citado artículo siga siendo una “herramienta jurídica en manos de los jueces y los tribunales”, y reprochó a Junts que no “contento con el numerito” de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, de apartar la bandera de España en la sala de prensa de esta Cámara, por la tarde haya salido a “desacreditar a los jueces” acusándoles de “argucias procesales”.
Al mismo tiempo, el diputado navarro y candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona, Carlos García Adanero, recordó a Pagès i Massó que gracias a la democracia española su partido puede “humillar” los símbolos del conjunto de los españoles que, entre otras cosas, “nos pagan el sueldo a todos, también a ustedes”. “Con los símbolos de España, más cuidado”, alertó, refiriéndose al gesto de Nogueras.
A su vez, el diputado de Vox José María Figaredo denunció que los “cuatro diputaditos” que “odian” todo lo español “cobran casi 400.000 euros al año” pagados por todos los españoles. Al respecto, preguntó qué van a pensar sus votantes, ya que Junts “vende la independencia” y luego “se forra a costa del Estado”. Sobre la iniciativa, la calificó de “panfleto disfrazado de teoría jurídica” que “no se soporta”.
Por su parte, el dirigente de En Comú Podem Gerardo Pisarello denunció que el Supremo “pretende actuar como una tercera cámara legislativa para inhabilitar a políticos independentistas, republicanos y de izquierdas”, pero “al que costaría ver aplicando este articulo concreto contra un levantamiento de los amigos de Bolsonaro en esta Cámara”. Además, acusó a Junts de “pugnar” por ser “esa fuerza de orden” y volver a ser la vieja Convergencia de Jordi Pujol”.
DEBATE
Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, aclaró a Junts que hay un auto de procesamiento “firme” sobre los líderes del ‘procés’ y que no es un capricho de un juez “fascista” que quiere “atacar el independentismo”. Por tanto, subrayó que su escrito no tiene “ni pies ni cabeza” ni “argumentos de ningún tipo”.
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, afeó a Junts que aprovechase el contexto de esta iniciativa para “poner en cuestión” la Constitución, el Estado de derecho, el Tribunal Supremo y la “limpieza” de la presencia de España en organismos internacionales y el cumplimiento de sus resoluciones. “Derogar este articulo seria dar alas al independentismo”, avisó.
Por el contrario, la diputada de ERC Carolina Telechea denunció que en España “se cuentan por docenas” las personas “condenadas” por delitos de opiniones y se “ha espiado” a líderes independentistas, y dijo que “no se puede apartar arbitrariamente a los disidentes políticos de sus cargos sin una sentencia firme y un proceso judicial neutral, homologable y con todas las garantías”.
En esta misma línea, la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, aclaró que esta iniciativa plantea una cuestión de “derechos fundamentales” y matizó que, pese a que no “existe” ni terrorismo ni banda armada, el artículo en cuestión fue aplicado “a los presos catalanes”. Finalmente, el diputado del PNV Mikel Legarda ya avanzó que su partido iba a apoyar la propuesta de Junts.
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