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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) denunció este jueves que la ley de la Cadena Agroalimentaria, en vigor desde hace siete meses, ha tenido “escasos efectos” sobre el funcionamiento del mercado agroalimentario y pidió que sea “urgentemente mejorada” con el fin de “corregir estas deficiencias que perjudican gravemente tanto a productores como a consumidores”.
En un comunicado, subrayó los “tremendos desequilibrios de fuerzas” que hay en la cadena de valor, los “abusos comerciales existentes” y el “nulo papel” de los productores que, sobre todo en productos perecederos, “no pueden repercutir la escalada de costes porque el precio les viene impuesto”.
A este respecto, desde Asaja señalaron que, acorde a sus datos, las primeras operaciones de compraventa de cítricos que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de cara a la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan “hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción”.
Asimismo, apuntaron que esta situación “se extiende a buena parte de los productos perecederos y afecta de forma especial a prácticamente todas las frutas y hortalizas”. Además, alertaron de un “alarmante desplome del consumo de fruta”, que ha sido “confirmado” por la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Asaja insistió en la necesidad de contar con “índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias”.
Igualmente, demandaron “más controles de oficio cuando se sospeche que se incumple la Ley” y subrayaron que han conocido que “casi el 70% de las denuncias que llegar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)” son finalmente sancionadas”, lo que indica que “el abuso comercial sigue estando presente y que a la ley le queda recorrido para cumplir con su objetivo, ya que la denuncia debería ser el último recurso y no algo sistemático”.
Por otro lado, señalaron que vigilarán “con detalle” lo que ocurra a partir de enero de 2023 cuando entre en funcionamiento el registro de los contratos agroalimentarios en el que se deberán reflejar los contratos superiores a un importe de 1000 euros, que son “prácticamente la mayoría”, y si a partir de ese momento “se multiplica la efectividad de la ley”.
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