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MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Comunidad de Madrid aplicará su propio modelo de atención residencial centrado en la persona tras rechazar hoy, junto con otras ocho comunidades de diferente signo político (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha, Castilla León y Ceuta) el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se sometió a votación en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales.
La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, consideró “inasumible” la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un texto "prácticamente idéntico al presentado en la reunión del pasado mes de mayo y que fue retirado por el propio Ministerio ante la falta de consenso".
Dancausa reprochó al Gobierno central que "no haya aprovechado este tiempo para negociar con las comunidades autónomas e intentar mejorar un proyecto con un gran afán intervencionista y laminador de las competencias autonómicas, que no garantiza la financiación necesaria, obstaculiza la reducción de las listas de espera de la dependencia y deja pendiente de una decisión posterior cómo se coordinará la atención sanitaria en estos recursos”.
La aprobación, por diez votos contra nueve que representan al 71% de la población española, “deja en evidencia los problemas de la propuesta del Gobierno de España, que no afronta los problemas y exigencias reales de la dependencia".
Aseguró que el Gobierno regional va a seguir trabajando en la “implantación de un nuevo modelo de atención residencial que garantice el acceso al sistema de todas las personas en situación de dependencia y facilite la libre elección de los usuarios”.
Indicó que el objetivo de esta propuesta es “ofrecer un servicio integral de teleasistencia, ayuda a domicilio y atención sanitaria que permita a las personas mantenerse en sus hogares y entornos el mayor tiempo posible y retrasar así su entrada en centros residenciales”.
En este sentido, la consejera reclamó al Gobierno central que aporte el 50% que le exige la Ley de Dependencia para la financiación del sistema, un porcentaje que actualmente apenas alcanza el 20% y que impide asegurar la sostenibilidad de los recursos necesarios.
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