Llop y las autonomías avanzan en la implantación de la Oficina Judicial

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y las autonomías analizaron este jueves en Toledo la implantación de la Oficina Judicial, que busca romper las barreras de acceso público a este servicio público.

Llop y los representantes de las autonomías se reunieron en la Conferencia Sectorial de Justicia, que se celebra cada ciertos meses y reúne al Ministerio y a las comunidades.

El departamento de Llop informó de que el avance en la Oficina Judicial se enmarca en la aplicación del Plan Justicia 2030 y el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Además, la Oficina Judicial es una figura recogida en el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.

El alcance de esta nueva medida comprende las 431 oficinas judiciales asociadas a los Tribunales de Instancia, correspondientes a los 431 partidos judiciales establecidos en todo el territorio estatal.

“GRAN PROYECTO MODERNIZADOR”

En este sentido, Llop dijo que está pendiente “la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia que sustentan el gran proyecto modernizador y transformador de la Administración de Justicia”. “La Justicia es un poder, pero también un servicio público que queremos que esté al nivel del servicio público educativo o el servicio público sanitario, y el despliegue de las Oficinas de Justicia municipales lo pondrá al alcance de los ciudadanos”, afirmó.

Llop se mostró convencida de que “no hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar en que se encuentre, pueda acceder a los recursos de Justicia”.

Entre los servicios generales que incorporará la nueva Oficina Judicial están el de atención al público, profesionales y operadores; el servicio de asistencia a víctimas; así como el servicio de implementación y promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC).

En la Conferencia Sectorial también se abordaron otros asuntos, como la ratificación del Manifiesto del Dato. Este documento busca identificar los principios sobre los que construir un espacio público de datos en el sector Justicia a partir del equilibrio entre los distintos intereses que concurren en la generación e intercambio de datos.