La Ley del Fondo Público de Pensiones pasa al Pleno del Congreso con la abstención de Vox y el voto en contra del PP

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó este jueves el dictamen del proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, superando así el último trámite parlamentario antes de ser sometido a votación y debate en el Pleno de la Cámara Baja la próxima semana, para su posterior remisión al Senado.

El dictamen salió adelante por 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones, incluida la abstención de Vox y el voto en contra del PP.

El texto, que incorporó enmiendas de diferentes formaciones políticas, será debatido la próxima semana en el Pleno del Congreso. Además, Bildu se abstuvo después de que anunciara que acordó este jueves con el Ministerio de Seguridad Social elevar un 15% las pensiones no contributivas en el paquete de medidas contra las consecuencias de la guerra que el Ejecutivo aprobará este mes.

Otra de las novedades que incorpora el texto es que las empresas podrán deducirse del impuesto de sociedades el 10% de la cuantía que destinen a los planes de pensiones colectivos de sus empleados. Se trata de una enmienda de Ciudadanos y el PDeCat, aunque era una reivindicación que también plantearon otras formaciones como el PP.

Con respecto a la Comisión de control especial de los planes de pensiones, se incorpora una enmienda de Ciudadanos por la que se elimina el derecho de veto de los integrantes designados por el Gobierno y se pide que los miembros de este grupo tengan una experiencia de al menos una década en la gestión de planes de pensiones.

La comisión de control estará conformada por cuatro representantes de organizaciones patronales, cuatro de sindicatos y cinco de la administración pública.

RUIDO

Por parte del PSOE, el diputado Valentín García reclamó a los partidos no introducir “ruido” en materia de pensiones, como se hace en otras cuestiones del “debate público”. También cargó contra la reforma de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy de 2013, que incorporaba una subida “pírrica” y “de miseria” del 0,25%.

“En esto, el PP puede dar pocas lecciones porque su apuesta es minar el pilar 1 de las pensiones para fomentar el pilar 3”, en referencia a los planes individuales privados. En su opinión, el PP sabe que sindicatos y patronal quieren que salga adelante esta ley que, además, “va a potenciar la negociación colectiva”, como ya lo hizo la reforma laboral.

“Es imprescindible para los trabajadores y los autónomos, pero también es imprescindible aprobar esta ley para la recepción de los fondos Next Generation-EU”, añadió García.

UN SÍ CRÍTICO

La diputada morada Isabel Franco reconoció que no les “gusta esta ley” y explicó que preferirían que estuvieran “hablando de cómo fortalecer el sistema público de pensiones” y de “cómo aumentar” las más bajas. En todo caso, aclaró que no están “en contra” de este pilar ya que es un “derecho más de los trabajadores”, si bien dijo que lo ven “menos prioritario” en la situación actual del país.

A favor del texto se mostraron también el PNV y Ciudadanos, cuya diputada María Vidal apostó por incorporar enmiendas encaminadas a favorecer la “despolitización” del fondo público de pensiones y por incluir una deducción del 15% en el impuesto de sociedades de una parte de lo que las empresas destinen a estos planes. La diputada naranja también defendió “eliminar el derecho de veto” del Ministerio de Seguridad Social en la toma de decisiones de estos planes.

El PDeCat respaldó también el texto, de modo que El diputado Genís Boadella pidió que se bonifique en el impuesto de sociedades un 10% de lo que las empresas destinen a estos planes de pensiones. “Esta ley puede ser que acabe saliendo más delgada de lo que debería ser. Parece que estamos construyendo una columna y no un pilar”, alertó.

EN CONTRA

Desde el PP, Tomás Cabezón puso en valor que el Gobierno haya puesto sobre la mesa esta ley, pero criticó que es un texto “que se queda corto”. Además, señaló que es una “línea roja” que se incorpore un período transitorio de cinco años para que se puedan realizar más aportaciones con deducción a los planes de pensiones individuales.

“Es importante que el Gobierno recapacite de aquí al Pleno. El Gobierno lo ha hecho fatal durante toda la tramitación”, añadió Cabezón, quien dijo que se compadece incluso del Grupo Socialista por las dificultades en la tarea parlamentaria que, a su juicio, ha puesto el Ministerio de Seguridad Social.

También reprobó que no exista acuerdo en el diálogo social y que tampoco exista un pacto en el seno de la propia coalición de Gobierno. “Reflexionen, muévanse y lo podrán sacar adelante”, agregó el diputado popular.

Mientras, el diputado de Vox Pablo Sáez avisó de que no se puede alimentar el segundo pilar del sistema de pensiones (planes colectivos) en detrimento del tercero (planes individuales), al tiempo que denunció que el texto “consolida desigualdades”, como que los autónomos puedan realizar menos aportaciones a planes de pensiones que los trabajadores por cuenta ajena.

Asimismo, declaró que “se consolidan desigualdades territoriales” entre los territorios forales y el resto del Estado español, ya que, según detalló, en el País Vasco el límite a los planes individuales es de 5.000 euros al año, frente a los 1.500 del resto de España.

Desde Esquerra Republicana, Jordi Salvador, afirmó que “esta ley nunca debió ser planteada por el Gobierno”. Además, remarcó que su formación política está “en contra” del tratamiento fiscal que se quiere dar a los planes de pensiones, ya que lo que se debe hacer, a su juicio, es potenciar el sistema público.

Entre las formaciones que anunciaron su abstención, el diputado de Bildu, Iñaki Ruiz, valoró que se han incorporado cambios en la ley que eliminan los “aspectos más negativos” y pidió que “ni un solo euro de la Seguridad Social” se destine a estos planes, porque “el futuro de las pensiones no está” en los planes privados “sino en el sistema público”.

INCENTIVOS

El proyecto de ley incorpora incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En concreto, la ley incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. También recoge incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.

Asimismo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho a una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.