Podemos quiere regular el cannabis desde una nueva agencia adscrita a Derechos Sociales y controlada por sus ministerios

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La proposición de Ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas que registró este miércoles en el Congreso de los Diputados Unidas Podemos contempla organizar el nuevo sector a través de una agencia estatal de nuevo cuño que dependería del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Ione Belarra y donde los departamentos controlados por el espacio confederal tendrían mayoría de voto.

Así lo establece el texto de la proposición de ley, consultado por Servimedia, y que dedica 11 de sus 57 páginas de índole dispositiva (80 si se le añaden la exposición de motivos y otras premisas de partida) a establecer la estructura y competencias de esa nueva agencia, bautizada como a Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (Aecric).

Este nuevo ente coordinaría y vigilaría el consumo lúdico de esta sustancia, permitida hasta una media de 10 gramos diarios por persona, siempre en recintos privados. El uso médico que se haga del cannabis queda fuera de la regulación de esta iniciativa. También se ampara el autocultivo, hasta un máximo de 20 metros cúbicos de fronda de la planta de la marihuana, como ya avanzó Unidas Podemos en su nota de prensa del miércoles.

Antes, el texto de Unidas Podemos justifica su afán de “revertir el enfoque prohibicionista basado en el control altamente punitivo de la planta del cannabis”, con los problemas derivados de delincuencia, economía sumergida e insalubridad que conlleva, y refuta el argumento de que legalizar esta droga estimularía su consumo recordando que el porcentaje de consumidores ya ha crecido desde 1995 de un 15% a un 38% de la población, y el de menores de entre 14 y 18 años del 20,9% al 33%.

NO CREAR NUEVOS MERCADOS

“Esta ley no pretende crear nuevos mercados ni sacar réditos económicos de donde antes no se podía. Pretende realizar una transición al mercado regulado y ordenar todas las actividades vinculadas a la planta que están en la ilegalidad hoy, sin dejar a nadie al margen, abordando de una vez un problema de alcance social y económico con el mayor rigor y la máxima seguridad posibles”, justifica la exposición de motivos.

Ya hablando de la Aecric, la proposición la hace depender del Ministerio de Belarra y establece que “tendrá la absoluta competencia, sin perjuicio de aquélla que recaiga en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, sobre las actividades de siembra, cultivo, cosecha, control, inspección, producción, extracción, elaboración, etiquetado, empaquetado, trazabilidad, control analítico, transporte, acopio, distribución, dispensación, venta y comercialización de los productos del cannabis”. Además, "dispondrá de delegaciones territoriales con competencias a nivel autonómico para llevar a cabo sus funciones en esos territorios".

Aparte de estar vinculado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la proposición otorga a la Aecric una junta directiva compuesta por 11 personas de las que cinco serían representantes de las distintas delegaciones territoriales de la misma y otras cinco de los ministerios de Derechos Sociales, Trabajo y Economía Social, Consumo, Sanidad, Hacienda y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Es decir, que incluso entre los representantes gubernamentales, tres de los cinco los pondrían ministerios que controla Unidas Podemos. Por si fuera de poco, el de Derechos Sociales, que ostentaría la representación legal de la Aecric, “dispondrá de voto de calidad”, según aclara el texto registrado.