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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El currículo de la etapa de Educación Infantil, en línea a lo establecido en la nueva ley educativa, la Lomloe, prevé que se tenga que amoldar la enseñanza a las características, intereses, necesidades y “estilo cognitivo” de los alumnos, para detectar aquellas cuestiones que puedan repercutir en su evolución escolar y así poder trabajar en que la inclusión del alumnado sea “plena”.
Así lo recoge uno de los primeros artículos del real decreto que se está ultimando para el currículo de esa etapa, según indicaron a Servimedia fuentes educativas. El citado artículo, referido a la atención a las diferencias individuales, parte de la premisa de que la atención individualizada será la “pauta ordinaria” de docentes y profesionales educativos.
La normativa, añadieron las mismas fuentes, llama a que las administraciones educativas trabajen en planes de intervención precoz y detección temprana de dificultades en los escolares y tendrán que facilitar la coordinación de los sectores y actores implicados en la atención de ese alumnado con necesidades educativas especiales.
Asimismo, la normativa establecerá que serán los centros quienes deban trabajar en las medidas necesarias de apoyo educativo para el alumnado que lo precise y responder con la mejor adaptación a las características de cada pequeño. Además, según expusieron a Servimedia las fuentes conocedoras de la futura norma, la lengua de signos española podrá formar parte de la oferta educativa que realicen las distintas administraciones.
Una vez que se apruebe este real decreto, serán las comunidades autónomas las que tendrán desarrollar sus decretos sobre alumnos de infantil con necesidades especiales.
Por otra parte, también se está trabajando en otros reales decretos de los currículos de otros ciclos educativos y el siguiente en salir, tras el de Infantil, sería el de Primaria. Los borradores de ESO y Bachillerato aún no están en manos de las autoridades autonómicas.
La actual ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha insistido en que los centros de educación especial seguirán funcionando, pero el desarrollo de la norma que impulsó su predecesora, Isabel Celaá, establecerá por ley que los padres que quieran que sus hijos vayan a centros ordinarios tengan una respuesta positiva por parte de las administraciones con los refuerzos docentes necesarios.
EL 83%, EN CENTROS ORDINARIOS
Según los últimos datos disponibles, el 83% de los alumnos con discapacidad estudió en centros educativos ordinarios durante el curso 2019-2020. Esto supone que 185.854 de los 223.805 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave estudiaban en centros con alumnos sin discapacidad, frente al 17% restante (38.068) que estudiaba en centros de educación especial, dedicados exclusivamente a alumnado con discapacidad.
Así se desprende de la ‘Estadística de las Enseñanzas no universitaria. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo curso 2019-2020’, publicada antes del verano por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Según los datos oficiales, 748.024 alumnos recibieron apoyo educativo en el curso 2019-2020, 40.000 más que el curso anterior.
El total de alumnos que recibe apoyo educativo supone el 9,2% del alumnado total, según la estadística, e incluye a los estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad o trastorno grave —223.805 el curso pasado, el 29,9% del total que recibieron este tipo de apoyo— y a los escolares con otras necesidades —524.219, el 70,1% restante—.
Entre los alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave, la causa más frecuente era la discapacidad intelectual (28,1%); seguida de los trastornos generalizados del desarrollo (24,9%) y los trastornos graves de conducta o personalidad (24,7%). Los estudiantes con discapacidad motora eran el 6,5%; los que tenían ‘plurideficiencia’, el 6,3%; discapacidad auditiva, el 4,7% y visual el 1,7%.
En cuanto al resto del alumnado que recibió apoyo educativo (524.219), destaca el que lo recibió por trastornos de aprendizaje (35,9%); por situaciones de desventaja socioeducativa (24,9%) o por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación (14,2%). Además, el 7,5% recibió este tipo de atención por altas capacidades; otro 7,5% por integración tardía en el sistema educativo; el 5,5% por desconocimiento de la lengua de enseñanza y el 4% a causa a un retraso madurativo.
Por tipo de discapacidad, los mayores porcentajes de integración en centros ordinarios corresponden a alumnos con trastornos graves de conducta o de personalidad (98,3%); discapacidad auditiva (94,9%) y discapacidad visual (94,9%). El menor porcentaje era el de alumnos con ‘plurideficiencia’ (40,3%).
Respecto al alumnado total, los alumnos con necesidad de apoyo educativo asociada a discapacidad o trastorno grave representan el 2,8%. Por titularidad de centro, eran el 3% en colegios públicos; el 2,8% en concertados y el 0,6% en centros privados no concertados.
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