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El juez García Castellón impulsará la instrucción del ‘caso Villarejo’ en otoño para cerrar la macrocausa a principios de 2022

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 5 de septiembre de 2021, 13:06 h (CET)

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)


El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón retomará este otoño la instrucción de la macroausa ‘Tándem’ sobre las actividades ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo con el firme propósito de dar este otoño el empujón final a la investigación de un caso que tiene más de una treintena de piezas separadas y medio centenar de procesados. Su intención es tener concluida la investigación a principios de 2022.


García Castellón prepara ya una batería de citaciones para tomar declaración a presuntos implicados y testigos de las piezas relativas a los trabajos que varias empresas del Ibex 35 habrían encargado a Villarejo para controlar o desacreditar a competidores.


En las próximas semanas desfilarán por la Audiencia Nacional los implicados o conocedores de esas relaciones comerciales vinculados con el BBVA, Caixabank, Repsol o Iberdrola. La instrucción de todas ellas ha sido prorrogada hasta el mes enero.


El juez sigue realizando diligencias y nada más volver de vacaciones ha dictado una providencia en la que pide a la representación legal del exdirectivo del BBVA Antonio Béjar, imputado en la pieza 9 del ‘caso Tándem’, que le facilite las direcciones de correo electrónico del comisario jubilado José Manuel Villarejo, de su socio Rafael Redondo, y de otras nueve personas relacionadas con la contratación de los servicios de las empresas del expolicía.


Este otoño, el magistrado tiene previsto citar a declarar a la cúpula de Iberdrola, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que figura como imputado y que hasta ahora no ha declarado en la investigación de la pieza 17.


Además, el juez también ha prorrogado la instrucción de la pieza número 10, conocida como ‘caso Dina’ y en la que trata de determinar la responsabilidad sobre el robo y la destrucción de la tarjeta SIM del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Boulsseham. Esta causa terminará, con toda probabilidad en un juzgado ordinario.


ANTES DE LAS VACACIONES


Antes del verano, el magistrado dio por concluidas las pesquisas de cuatro de esas piezas, entre ellas la relativa a la operación de espionaje articulada desde el Ministerio del Interior contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, denominada ‘operación Kitchen’, que es la pieza número 7.


El juez acordó en ese caso enviar a juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a toda la cúpula policial de la época del director adjunto Operativo Eugenio Pino, y decidió dejar fuera a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.


También descartó seguir investigando hacia arriba y llamar a declarar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. La Fiscalía, disconforme con la celeridad con la que se ha dado por concluida la instrucción y con el archivo de la causa para Cospedal, prepara un recurso.


El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no quiere eternizarse en la instrucción de esta macrocausa y tiene, además, en el horizonte próximo la fecha límite del mes de noviembre para mantener a Villarejo en prisión provisional, tras cuatro años.


CORINNA


El pasado mes de abril, el juez acordó archivar la pieza 5, conocida como ‘Carol’, en la que investigaba el supuesto encargo de Corinna Larsen, la examante del rey Juan Carlos I, a Villarejo para que investigara si su asistente personal filtraba detalles sobre su vida privada.


En este caso, tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción consideraron que "no existían elementos suficientes” para sostener la comisión de “delitos de cohecho ni de descubrimiento de secretos", puesto que no se pudo acreditar que Villarejo accediera a los archivos de la Policía en relación con este asunto.


También han sido archivadas las piezas 16 sobre la constructora San José y la número 19 sobre las filtraciones de ‘Moncloa.com’. En diciembre de 2020, García Castellón acordó el archivo de la investigación sobre el presunto encargo del Grupo San José a las empresas del comisario, pero no se pudo acreditar que la empresa aceptara la propuesta de actuaciones que le entregó Villarejo, ni que realizara pago alguno.


En enero de ese mismo año, el juez del caso Villarejo decidió archivar la pieza que investigaba un presunto delito de extorsión de la web ‘Moncloa.com’ en relación con el material que este medio fue publicando procedente del archivo del comisario encarcelado y que sacó a la luz los contratos de grandes sociedades del Ibex con las empresas de Villarejo. La web fue acusada de intentar chantajear a estas compañías, pero el caso fue archivado.


A JUICIO


Justo antes de las vacaciones judiciales de este año, García Castellón dio por finalizadas las pesquisas relativas a las piezas 2 y 6 del ‘caso Tándem’. Se trata en concreto de las piezas ‘Iron’ y ‘Pintor’ en las que el juez decidió sentar en el banquillo a Villarejo y otras 27 personas. La Fiscalía pide para el comisario 57 años de cárcel por el encargo que hizo para el bufete de abogados Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival, Balder Ip Law (‘Iron’).


En esta pieza se juzgarán delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil. Se juzgará a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica, al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) Enrique García Castaño, y a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, que se enfrentan a 52 y 50 años de cárcel, respectivamente.


En la pieza ‘Pintor’, el juez acordó enviar a juicio, además de a Villarejo y a su socio Rafael Redondo, al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y a 10 personas más por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración por tratar de conseguir información de un exsocio y de su abogado para reclamarle una deuda pendiente en Hacienda.


También está cercano el juicio por las supuestas amenazas del exconsejero de OHL Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto. En esta pieza, la número 24, el juez procede contra Villarejo y Redondo por el delito de cohecho pasivo y contra López Madrid por cohecho activo. El comisario llevó a cabo una labor de hostigamiento a la dermatóloga para impedir que denunciara al empresario. El asunto terminó con el apuñalamiento de la doctora supuestamente a manos de Villarejo. Este último extremo está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.


Igualmente, el magistrado ha finalizado la investigación de la pieza 8, en la que han sido procesados Villarejo, el también comisario Enrique García Castaño y el que fue inspector jefe de la Comisaría General de Información Constancio Riaño por el espionaje a un empresario en Marbella.


Los hechos se remontan al verano de 2015, cuando una mujer llamada Marzena Katarzina recurrió a una de las empresas del entramado de Villarejo, el bufete Stuart & Mackenzie, por recomendación de un amigo para recuperar un dinero que le debía el empresario Felipe Gómez Zotano. El encargo se concretó en la elaboración de un informe con elemento procedentes de “bases de datos y registros que no son accesibles al público”, como las policiales.


También la pieza número 12, relativa a la guerra entre el Grupo Planeta y Kiss FM, está finalizada. Será juzgado por cohecho el directivo del Grupo Planeta Luis Elías Viñeta por la contratación del comisario jubilado para investigar a uno de los árbitros que falló a favor del propietario de Kiss FM, Blas Herrero, en un contencioso con Planeta. El trabajo le reportó 48.000 euros.


En la pieza número 15 sobre la Mutua Madrileña, el magistrado también propone juzgar por cohecho al exdirector de seguridad Benjamín García Cañón, a Villarejo y a su socio que percibieron 16.000 euros por realizar un informe de solvencia sobre un expresidente de la entidad. En 2012, fecha en la que se realizó este informe, Villarejo era comisario servicio activo.


A PUNTO DE CERRARSE


Más allá de las piezas que el juez ha dado por concluidas, quedan por investigar asuntos como el denunciado por la agencia de detectives Método 3. Tras más de un año de parón en la investigación de la pieza 27, el magistrado retomó las pesquisas el pasado mes de junio para averiguar si Villarejo fabricó pruebas con el objetivo de propiciar el registro policial de Método 3 y apoderarse de cierta documentación. Para ello tomó declaración a la exdirectora de la oficina en Barcelona Elisenda Villena y a los exdetectives de la agencia.


El objetivo de esta pieza separada es determinar si el comisario jugó algún papel en las entradas y registros que tuvieron lugar en febrero de 2013 en las sedes de Método 3 de la ciudad condal y Madrid y que se saldaron con la detención de estas tres personas y del propietario de la agencia de detectives, Francisco Marco.


El operativo policial se desató por la presunta trama de espionaje ocurrido en el restaurante ‘La Camarga’, de Barcelona, donde la entonces líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Jr, tuvieron una conversación sobre los manejos financieros del hijo del expresident de la Generalitat, que habría grabado Método 3.


La investigación sobre el ‘caso La Camarga’ fue archivada en los juzgados de instrucción de Barcelona, pero posteriormente Marco presentó una denuncia contra Villarejo por esas entradas y registros, las detenciones y las filtraciones a medios de comunicación de supuesta información falsa sobre esa grabación, lo que motivó la apertura de esta pieza.


También está pendiente de concluir la pieza 30 del ‘caso Tándem’ conocida como ‘proyecto Ring’. El juez tomó declaración a Villarejo en julio para declarar como investigado en esta pieza relativa a su contratación por una empresaria de La Rioja para que resolviera una disputa por la herencia familiar. El trabajo reportó al comisario jubilado cerca de medio millón de euros.


Igualmente, está pendiente la investigación de una pieza sobre el encargo que el presidente guineano, Teodoro Obiang, hizo a Villarejo y que dio lugar al ‘caso Tándem’. El contrato se remonta al año 2012 y tenía como objetivo buscar trapos sucios de una parte de la familia Obiang para favorecer el ascensor al poder de 'Teodorín', hijo del presidente y rival de su hermano Gabriel. La operación se presupuestó en cinco millones de euros y el excomisario se embolsó dos.


JUICIOS


Mientras el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se afana en terminar la investigación de las piezas pendientes, ya se ha fijado la fecha del primero de los juicios de esta macrocausa.


A partir del 13 de octubre, se juzgarán las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor´ conjuntamente. La Sala de lo Penal juzgará por primera vez a Villarejo por asuntos relacionados con esta causa. Junto a él, se sentarán en el banquillo su socio Rafael Redondo y su mujer, Gema Alcalá.


En la pieza ‘Land’ se juzgará el supuesto espionaje realizado por Villarejo a parte de la familia Cereceda que lideraba el fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’ con motivo del reparto de la herencia. Hay siete acusados en esta trama.


En la pieza ‘Iron’ se sentarán en el banquillo 14 acusados y se centra en el encargo que hizo el bufete de abogados Herrero&Asociados a Villarejo para espiar a un despacho rival, del que sospechaba que le estaba arrebatando clientes.


La pieza Pintor tiene 14 procesados y en ella se investigó el supuesto encargo que el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, y su hermano hicieron al comisario para espiar a un exsocio y a su abogado para cobrar una deuda.


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