Pepe Álvarez cree que la reforma laboral debe acordarse en septiembre para que entre en vigor según lo comprometido con Bruselas

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, cree que el acuerdo para la reforma laboral “deberíamos de tenerlo finalizado en el mes de septiembre” para que pueda entrar en vigor conforme a los calendarios asumidos por el Gobierno con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En una entrevista a Servimedia, recordó que el compromiso es aprobar la reforma este año, de forma que el margen para acordarla y tramitarla en el Congreso es tan estrecho que obliga al Gobierno a tomar decisiones ya el próximo mes.

“Lo hará con acuerdo con los sindicatos y con la patronal, lo hará con acuerdo sólo con los sindicatos o lo hará porque el Gobierno lo decida, pero yo creo que no pueden esperar más tiempo”, aventuró, convencido de que salga como salga “la modificación siempre será para favorecer y acabar con los desmanes que hay en estos momentos en el mercado de trabajo”.

Sin querer entrar a detallar la postura coordinada que plantearán los sindicatos al Gobierno cuando retomen las conversaciones a la vuelta del verano porque sería una “deslealtad” con la unidad de acción y tampoco valorar las demandas que han transcendido de CEOE porque “le haría un flaco favor a la negociación”, el líder ugetista sí se mostró convencido de que habrá mejoras en el mercado de trabajo, “en el campo de la negociación colectiva” y “en el campo de los despidos colectivos”.

“Hoy en España despedir a un trabajador de media ha tenido una reducción de coste de en torno al 50% en relación con lo que era en el año 2013. Esos son los efectos directos de las reformas laborales, de la reforma laboral del señor Rajoy. Y eso hay que desmontarlo. No podemos continuar en esa dirección”, manifestó.

Uno de los grandes escollos que ha impedido avanzar en el acuerdo es la limitación de la temporalidad, donde la CEOE se ha opuesto a limitar a seis meses, prorrogables a un año, la duración máxima de los contratos temporales como plantea el Ministerio de Trabajo. “Todo el mundo reconoce que en España la situación de temporalidad es insoportable. Que esta precariedad lastra a la economía, lastra a las empresas y lastra a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país y especialmente a los jóvenes”, afeó Álvarez.

Para encarar la situación, el secretario general de UGT dijo que hay que regular la situación para que “un trabajo temporal se corresponda con un contrato temporal y no con un trabajo fijo”, que “es lo que ocurre ahora muchas veces en nuestro país”. Al respecto recordó que existe la figura del contrato fijo discontinuo y el contrato a tiempo parcial indefinido, donde un empleo fijo, pero de temporada, puede tener una situación estable y no un contrato temporal.

Pero más allá de esta formulación o del resto de temas a consensuar, el líder de UGT deslizó el interés de que el Estado se ponga “muy serio” y se endurezcan las sanciones, incluso, con responsabilidades penales, para poner coto a las empresas que incumplan la ley.

“En España, mientras a un empresario le salga más barato contratar ilegalmente que cumplir la legislación lo van a continuar haciendo y hoy les sale más barato”, lamentó. “Les sale más barato, incluso, aunque tenga la mala suerte, que ya es difícil que tenga la mala suerte, de que haya una inspección de trabajo por medio de oficio que levante un acta de infracciones”.

Ha sido una de las quejas permanentes del sindicato y que admitió que toca abordar. “Este es un tema en el que nos tenemos que poner muy serios. El Estado se tiene que poner muy serio y tiene que, no sólo multar de manera eficaz y eficiente, sino que haya contraprestaciones para el trabajador aseguradas y, depende cómo que tengan responsabilidades penales por tráfico de personas, por abuso en las condiciones de trabajo de las personas”, agregó.

Para ello, indicó que “la legislación tiene que subir y seguramente tipificar nuevos elementos que puedan obligar a las empresas a que paguen multas o incluso que pueda tener repercusiones de carácter penal”.

La consecuencia de no hacerlo advirtió que será que “tienes una legislación que, aparentemente, cubre todos los aspectos para que no haya precariedad, para que no haya temporalidad.., pero las empresas hacen caso omiso”. “Hay que restablecer el equilibrio entre los beneficios que tiene para una empresa contratar a alguien de manera ilegal e irregular y la sanción que le van a poner si finalmente la cogen”, resumió.