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Sociedad
    

La Conferencia Episcopal alerta de que “la respuesta a las llegadas masivas no pueden ser devoluciones masivas”

Agencias
@DiarioSigloXXI
sábado, 14 de agosto de 2021, 17:53 h (CET)

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)


La Conferencia Episcopal alertó este sábado de que la respuesta a la llegada masiva de inmigrantes a España, especialmente cuando se trata de menores como los que se encuentran en Ceuta, no puede ser una devolución igualmente masiva.


Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), explicaron que valoran los acuerdos entre Estados en la gestión de “sus problemas”, pero expresan su preocupación ante las noticias sobre la deportación de esos menores.


“La fe en Jesucristo nos llama a no mirar a otro lado. Cuidar y atender a los menores que llegan solos a nuestras fronteras es responsabilidad de todos. Hoy se convierte en nuestra obligación ética y legal”, argumentan los obispos.


Así, “desde una perspectiva ética, moral y legal, la respuesta a las llegadas masivas no pueden ser devoluciones masivas, sino que cada caso debería ser examinado de manera personalizada, porque este tipo de devoluciones en grupo suponen un grave riesgo para los propios menores. Así se recoge en el marco jurídico nacional e internacional, para garantizar ante todo la vida y seguridad de los menores. Recordamos que según este marco se debe contar con el consentimiento de los mismos para su posible repatriación”.


“No olvidamos, como dijimos en su momento, que nos referimos a niños y niñas a quienes los Estados de origen y llegada deben proteger y escuchar, garantizando individualmente su retorno familiar cuando así lo solicitan, o su cuidado y amparo cuando provienen de situaciones de vulnerabilidad, maltrato, pobreza o explotación”, añaden.


Por ello, “nos preguntamos si estos protocolos se plantean individualmente y con el conocimiento de la fiscalía y no como retornos colectivos, tal como se contempla en la Convención de los derechos del Niño de 1989, los tratados internacionales y la Ley orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y la Ley Orgánica 8/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia”.


“Sabiendo de nuestro deber de tutela a los niños y niñas, ante posibles e inminentes actuaciones, tememos las fugas masivas de los niños de los centros de acogida y la situación de desamparo e impacto en la población que con ello pueda sobrevenir. Por ello, nos emplazamos como Iglesia y sociedad a buscar soluciones basadas en el diálogo entre Estados, la atención personalizada y garantista de derechos, la solidaridad a todos los niveles y la seguridad de todos”.


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