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El 71% de la población corre el riesgo de quedarse sin acceso a agua en el Líbano, según Unicef

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 23 de julio de 2021, 11:57 h (CET)

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)


Más de cuatro millones de personas, entre ellas un millón de refugiados, corren el riesgo inmediato de quedarse sin acceso a agua potable en el Líbano, según advirtió Unicef este viernes.


La organización estima que la mayor parte del bombeo de agua cesará gradualmente en todo el país entre las próximas cuatro a seis semanas con la escalada de la crisis económica y la escasez de fondos, combustible y suministros como cloro y repuestos.


A este respecto, Unicer indicó que, si el sistema público de suministro de agua colapsa, su precio podría dispararse en un 200% al mes cuando se pueda obtener de proveedores alternativos o privados lo que para hogares vulnerables sería un gasto “inasumible”, pues representa el 263% del ingreso promedio mensual.


Según una evaluación apoyada por Unicef, basada en datos recopilados por las cuatro principales empresas de servicios públicos de agua del país, durante los meses de mayo y junio casi 1,7 millones de personas tienen acceso a solo 35 litros por día, una disminución de casi el 80% frente al promedio nacional de 165 litros antes de 2020; los proveedores de servicios públicos de agua ya no pueden hacer frente al precio de las piezas de repuesto esenciales para el mantenimiento; desde 2020, el precio del suministro privado de agua corriente se ha incrementado un 35%, mientras que el precio del agua embotellada se ha duplicado.


Asimismo, los apagones y cortes eléctricos están tensando los sistemas de agua, interrumpiendo su tratamiento, bombeo y distribución; y, a nivel nacional, el agua que se pierde en el sistema y, por tanto, no se contabiliza, es aproximadamente el 40%. Esto se debe, principalmente, a la falta de mantenimiento y a las conexiones ilegales.


Por último, Unicef informó que necesita 40 millones de dólares (33,9 millones de euros) al año para mantener el flujo de agua para más de cuatro millones de personas en el país y proteger el acceso y funcionamiento de los sistemas de agua públicos.


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