Díaz defiende aprobar la subida del SMI en julio pero deja la decisión en manos de Sánchez

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se mostró partidaria este lunes de aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en julio pero admitió que la decisión dependerá del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo aseguró en la firma de un convenio entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de la Juventud en España (Injuve), que colaborarán para facilitar las consecución de acciones conjuntas que mejoren las condiciones laborales de los jóvenes.

A pesar de que Díaz se negó a detallar fechas, en un principio, la vicepresidenta tercera apuntó finalmente a este mes de julio. “En relación con fechas, no las voy a dar. El debate está abierto. Ahora bien, tiene que ser ya, no tendría sentido que fuera otra manera”, afirmó Díaz, quien clarificó que, cuando dice “ya”, se refiere al mes de julio.

“Sea lo que sea ha de resolverse. Por tanto, dejemos que el presidente decida y, en función de eso, operemos”, concluyó. En este sentido, la ministra insistió en que su posición es “conocida” y subrayó que el SMI es la “principal herramienta” para combatir “la pobreza laboral y la brecha retributiva entre hombres y mujeres”, y “resituar a los jóvenes con rentas salariales que sean un poco dignas”. “Quiero un país próximo a sus gentes, que la salida a esta crisis sea por abajo”, prosiguió.

EL TIEMPO, “GRAN EXCUSA”

Por otro lado, Díaz criticó que, “normalmente”, el “tiempo en política viene siendo utilizado como una gran excusa”. En esta línea, señaló que “siempre hay tiempo cuando se quiere”, y defendió los efectos “hiperpositivos” de la última subida del SMI aprobada por el Ejecutivo que, según la vicepresidenta tercera, redujo la brecha retributiva en dos puntos.

Por otro lado, Díaz recordó que el SMI afecta a los colectivos que no están amparados por un convenio colectivo. Sobre esta cuestión, aseguró que el índice de precios al consumidor (IPC) se ha situado en el 2,7%, mientras que, en paralelo, los salarios ligados a los convenios se han revalorizado entre el 1,5% y el 1,8%, “Por tanto, el 10% de los asalariados no tiene congelado su salario, sino que está perdiendo poder adquisitivo”, concluyó.