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Sociedad
    

El Gobierno estudia endurecer las penas para que los maltratadores de animales vayan a la cárcel

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 12 de mayo de 2021, 14:35 h (CET)

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)


Los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales y Agenda 2030 trabajan en una reforma del Código Penal para endurecer las penas para los maltratadores de animales entren en la cárcel, se eleve el periodo de inhabilitación y tenencia a ocho años, y se introduzca la pena de prisión para quienes los abandonen.


La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció estas medidas este miércoles en el Congreso de los Diputados al ser interpelada por Guillermo Díaz, de Ciudadanos, sobre el plan normativo del Gobierno en materia de bienestar animal.


Belarra apuntó que su departamento y el de Justicia estudian reformar el Código Penal en lo relativo al abandono y el maltrato de animales. Esa norma prevé actualmente penas de prisión de hasta 18 meses para quienes causen la muerte de un animal, lo que evita que los maltratadores sean encarcelados si carecen de antecedentes penales. El Gobierno quiere elevarla a un máximo de tres años, lo que acarrearía el ingreso efectivo en prisión.


En esos casos, se elevaría a ocho años la inhabilitación para ejercer alguna profesión relacionada con animales y para la tenencia y la convivencia con estos. Y el abandono pasaría a estar penado con hasta seis meses de prisión, cuando ahora está tipificado con una multa de hasta seis meses de multa, y la inhabilitación de hasta tres años para tener animales. “No puede ser que la pena de abandono de animales no tenga prácticamente ninguna consecuencia”, apuntó Belarra.


Además, esa reforma del Código Penal extendería a “todos los animales vertebrados” que se aplique “una sanción que sea justa en situaciones de maltrato y abandono”, lo que incluiría a los silvestres y no sólo los domésticos. “No puede ser que situaciones miserables o el abandono a su suerte de miles de animales cada año en nuestro país queden impunes o con una pena que es absolutamente irrisoria”, apostilló.


Además, Belarra señaló que el Gobierno pretende dotar de “herramientas” a los jueces que permitan el “decomiso cautelar” en casos de maltrato de animales como el detectado recientemente en el laboratorio Vivotecnia, ubicado en Tres Cantos (Madrid), y el “decomiso definitivo” cuando se acredite que se ha cometido un delito de maltrato o abandono animal.


Por otro lado, Belarra desgranó otras iniciativas en las que trabaja su departamento a través de la Dirección General de Derechos de los Animales y también otros ministerios. Una de ellas es un real decreto impulsado por Consumo para que los mataderos cuenten con cámaras de videovigilancia y otra se refiere a que la futura reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que vio el Consejo de Ministros en una primera lectura el pasado mes de marzo, incluya un sistema obligatorio de videovigilancia en los centros de experimentación con animales para evitar casos como el de Vivotecnia.


MÁS INICIATIVAS


Además, Derechos Sociales pretende poner en marcha el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal (Serpa), que incluiría seis registros nacionales: de entidades de protección animal, de profesionales de comportamiento animal, de animales de compañía, de núcleos zoológicos de animales de compañía, de criadores y de inhabilitaciones para la tenencia y actividades relacionadas con animales.


Otra iniciativa es un real decreto de perros de asistencia para homogeneizar criterios en todas las comunidades autónomas y los animales “tengan los mismos derechos”, según Belarra, en casos, por ejemplo, como el acceso a espacios públicos.


Este “paraguas jurídico”, según Belarra, estará enmarcado con la futura Ley Estatal de Protección Animal, que la ministra prevé que el Consejo de Ministros envíe al Parlamento “antes de fin de año”. “Tiene que incluir, sin ninguna duda, la tenencia responsable de animales y, por supuesto, el ‘sacrificio cero’, que es algo que ya se está impulsando en muchas comunidades autónomas y ahora tiene que recogerse a nivel estatal”, añadió.


La ministra recordó que el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición de ley para considerar a los animales como seres sintientes y no cosas, como actualmente están considerados en el Código Civil.


Belarra recalcó que se producen “con demasiada reiteración” episodios de maltrato animal que son “deleznables” y “detestables”, y apuntó que la crisis sanitaria de la Covid-19 ha generado una “pista de aterrizaje perfecta para que se extiendan algunos discursos que pretenden cuestionar la oportunidad de desarrollar políticas animalistas”.


“Hay quien sostiene que los gobiernos no deben trabajar en avanzar en los derechos de los animales porque eso, de alguna manera, implicaría desatender las necesidades de las personas”, comentó, antes de agregar que el bienestar de los animales “muchas veces” va ligado al de las personas.


PROPUESTAS DE CIUDADANOS


Por su parte, Guillermo Díaz tendió la mano de Ciudadanos al Gobierno para las iniciativas que combatan el abandono y el maltrato de animales, si bien criticó la “inacción” de la Dirección General de Derechos de los Animales. “Tengan pericia técnica y valentía a la hora de afrontar estas políticas”, dijo.


Díaz lanzó algunas propuestas como un banco nacional de chips identificativos que complemente los actuales registros autonómicos, más controles a criadores, impedir la exposición de animales en escaparates de tiendas para “impedir la compra por impulso”, prohibir el sacrificio de animales sanos salvo en casos de “emergencia o peligrosidad”, prohibir la mutilación de partes corporales por motivos estéticos, no permitir “el regalo de animales como recompensa o premio” y un registro de infractores.


Que los concursos públicos para la recogida o el albergue de animales puntúen “de manera favorable” las candidaturas que fomenten la adopción o la formación en el cuidado y el bienestar de los animales, y abrir la vía administrativa con la consideración de infracción grave y multa de hasta 30.000 euros a “quien se divierta torturando, por ejemplo, a un gato callejero” son otras propuestas de Díaz.


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