La ley para fomentar la implicación de los accionistas en las cotizadas entrará en vigor con el arranque de mayo

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La ley para fomentar la implicación de los accionitas en las empresas cotizadas entrará en vigor a partir del 2 de mayo, una vez transcurran 20 días desde la publicación de la normativa que le da soporte este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por vez primera se regula la figura de los asesores de voto –proxy advisor-, permite ‘premiar’ a los inversores estables con un doble voto y habilitará a las compañías para que puedan establecer en sus estatutos la posibilidad de celebrar en el futuro junta de forma exclusivamente telemáticas, siempre que así lo apoyen, al menos, dos tercios de los accionistas reunidos en la Junta donde se proponga el cambio.

La norma parte de la trasposición parcial de una directiva comunitaria del 2017, que avanza en la mejora del buen gobierno corporativo de las cotizadas en la Unión Europea, busca aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo.

No en vano, entre otros factores mejora las opciones para permitir que las empresas tengan un mayor acceso a la financiación de los mercados, aumentando la competitividad del mercado de capitales español a la vez que mantiene la protección de los inversores y adapta la publicación de información a la normativa europea.

Con su entrada en vigor se aliviarán las cargas de reportes informativos, al suprimir la obligación para las cotizadas de elaborar informes financieros trimestrales, en línea con la normativa vigente en otros países europeos, y flexibiliza y agiliza los trámites para las ampliaciones de capital, ajustando sus costes.

SE SUPRIMEN LOS INFORMES TRIMESTRALES

Se adapta también a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, fijándose en ocho millones de euros. Se conserva, no obstante, el umbral de cinco millones para las emisiones de entidades de crédito y la posibilidad de que la CNMV pueda exigir la publicación de un folleto si lo considera oportuno manteniéndose así la protección de los inversores.

Pero donde mayor revolución introduce sea, quizá, con la introducción de modificaciones en el gobierno corporativo de las cotizadas y alentando la involucración en su gestión de los accionistas.

Para mejorar el gobierno corporativo y fomentar dicha participación accionarial la norma modifica parcialmente la actual Ley de Sociedades de Capital española, que ya reconoce a las cotizadas el derecho a acceder a la identidad de sus accionistas. Y, en concreto, permitirá a las empresas conocer quiénes son aquellos inversores últimos que puedan actuar a través de entidades intermediarias como puede ser un depositario de valores.

El proyecto de ley abrirá a las cotizadas la opción de reclamar así a entidades intermediarias como los custodios o, incluso, a gestoras a revelar la identidad de los inversores últimos en sus títulos.

INVOLUCRACIÓN DE LOS INVERSORES

Con la identificación del inversor se pretende también incentivar su participación “activa” e “implicación” en la gestión de la sociedad, refirió Montero. Y al mismo tiempo la normativa obligará además a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su política de inversión en las empresas cotizadas.

Por otro lado, la normativa regula también “en más detalle” la política retributiva de los miembros del Consejo de Administración, incrementará la transparencia en operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y también se persigue mejorar la competitividad de los mercados de valores.

Además regula por vez primera la figura de los asesores de voto o ‘proxys advisors’, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos; y adapta la normativa española al entorno internacional permitiendo las llamadas “acciones de lealtad”.

Gracias a esas acciones, la compañía podrá “premiar” a sus accionistas fieles un voto adicional por cada acción que se mantenga durante dos años como mínimo. Son mecanismos que persiguen reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, que es el objetivo general de esta norma.