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MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
Un 49% de las denuncias impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y recurridas en los tribunales acaban en los últimos años con anulación total o parcial de la sanción a los conductores y con condena a ese organismo del Ministerio del Interior al pago de las costas.
Así lo asegura Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en un informe que analiza la litigiosidad de los conductores españoles ante las multas de tráfico y difundido este lunes.
Según el informe, en el cuatrienio entre 2017 y 2020 se plantearon 14.804 recursos ante los tribunales por denuncias de la DGT, de los cuales un 49% resultó favorable para los conductores de forma total o parcial. Ese porcentaje cae al 35,4% en el periodo entre 2011 y 2016, cuando hubo 26.912 recursos ante los tribunales.
La DGT formuló casi 70 millones de denuncias en las carreteras de su competencia entre 2001 y 2019, que se han saldado con una recaudación cercana a los 6.500 millones de euros, según AEA.
Las denuncias se incrementaron un 122% en ese periodo (de 2.105.024 en 2001 a 4.684.286 en 2019), pese a que el parque de vehículos creció en menor proporción, concretamente un 42%.
La reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2009 reduce las posibilidades de defensa de los conductores al aumentar el descuento por pronto pago del 30 al 50% del importe de las multas para quienes no recurren ante los tribunales, según AEA.
“Ello ha dado lugar a que, en la actualidad, el 64% de los conductores prefieran pagar con descuento a plantear ningún tipo de recurso, aunque consideren que la denuncia formulada sea injusta”, apunta AEA.
No obstante, el estudio de AEA recalca que cada vez son más frecuentes los casos en los que los tribunales están dando la razón a los conductores frente a las multas impuestas por la DGT, especialmente las que se refieren a excesos de velocidad, pues, según esta organización, “no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares”.
La última sentencia obtenida por los servicios jurídicos de AEA en defensa de los derechos de uno de sus miembros condenó a la Administración a pagar 400 euros de las costas judiciales que, a juicio del presidente de AEA, Mario Arnaldo, “si se aplicara en todos los procesos judiciales que pierde, seguramente la DGT dejaría de ser un organismo recaudador tal y como, sin pudor alguno, ha reconocido ejercer esta función su director general”.
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