Feafes exige a la Junta que garantice los programas de reinserción para personas con problemas de salud mental en centros penitenciarios

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Federación Andaluza de Familiares y personas con Problemas de Salud Mental (Feafes Andalucía Salud Mental), Manuel Movilla, exigió hoy a la Junta que se garanticen las ayudas para atender a las personas con problemas de salud mental internas en centros penitenciarios, y a las que están a punto de salir del entorno penitenciario, para dar apoyo a sus familias en el proceso de rehabilitación.

Además, ha trasladado que se deben tener en cuenta la visión y necesidades específicas de las personas con problemas de salud mental sin hogar en la estrategia que se está elaborando.

Esta propuesta fue planteada en una reunión celebrada hoy con el director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal Mazo. En ella, el presidente de la federación ha manifestado la gravedad de la pérdida de ayudas a los programas de reincorporación social de personas con problemas de salud mental judicializadas, y de apoyo a la rehabilitación psicosocial de personas afectadas por problemas de salud mental internas en centros penitenciarios.

Estos programas se llevaban a cabo desde hace 18 años y se han quedado, por primera vez, sin subvención en la resolución de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la convocatoria anual de ayudas a entidades privadas para fines sociales con cargo al 0,7% del IRPF.

Movilla ha pedido "una solución urgente que garantice la subsistencia y estabilidad de estos programas esenciales, ya que, sin ellos, las entidades de salud mental de Andalucía dejan de atender a 1.207 personas especialmente vulnerables, privadas de libertad y de los apoyos necesarios para atender su problema de salud, o a punto de salir de un entorno penitenciario, y de dar apoyo a sus familias en el proceso de rehabilitación".

Y ha añadido que "esta situación es más grave, aún en Andalucía, ya que el Estatuto de Autonomía establece la necesidad de que la administración regional implemente de forma prioritaria actuaciones y programas especiales y preferentes para nuestro colectivo".