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MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
CCOO y UGT han celebrado el acuerdo para lograr la “plena implementación” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que recibirá 600 millones de euros, pero han hecho hincapié en que el aumento de la financiación debe suponer una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.
Así lo señalaron en el acto de ratificación del acuerdo alcanzado entre la Vicepresidencia Segunda y los agentes sociales, que establece como objetivos “prioritarios” reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.
“Pocas veces tenemos la oportunidad de firmar un acuerdo con tanta satisfacción”, afirmó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien aseguró que la única “pluma” que queda por resolver es su cumplimiento. “Quiero poner en valor el acuerdo. No fue lo mismo con el ingreso mínimo vital”, apuntó el representante de UGT en alusión a las patronales.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, declaró que es un “día para felicitarnos” y puso en valor el papel del sector público. “La pandemia nos ha demostrado la necesidad de que los servicios públicos tengan un papel proveedor de atención colectiva. Las cosas que ponemos en común nos salvan cuando las cosas vienen mal dadas”, afirmó.
Por otro lado, ambos sindicatos reconocieron que, aunque este acuerdo suponga un avance en materia de dependencia, todavía queda pendiente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector que, recordó Sordo, son en su mayoría mujeres.
“Una de las consecuencias del insuficiente desarrollo de las políticas de dependencia es que afecta directamente a las carreras profesionales de las mujeres españolas. Esto es determinante en las brechas salariales y de pensiones entre hombre y mujeres”, declaró el secretario general de UGT, quien apuntó que el aumento de la financiación del SAAD debe tener un “efecto colateral no menor” en sus retribuciones.
En este sentido, Álvarez señaló que el Estado “tiene que tomar conciencia” de que una gran parte de la precariedad laboral procede de los contratos públicos. “A veces uno tiene la sensación de que el Estado cierra los ojos cuando firma los contratos”.
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