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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a alejarse en el tiempo después de las negociaciones que encallaron la semana pasada, cuando se exhibía más optimismo que en otras ocasiones frustradas para cerrar el pacto.
Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia aducen que no se han producido novedades desde el último día de febrero, en el que ambas partes se levantaran de la mesa por no llegar a un acuerdo que parecía casi seguro. Una situación que ratifican a esta agencia fuentes de la dirección del PP de Pablo Casado.
Así van más de dos años de una negociación que vive episodios de acuerdos casi cerrados que están pendientes del cómo y el cuándo −por interés político− publicitarse, y que poco después pasa a momentos de distanciamiento total entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
No obstante, según las fuentes consultadas, “siempre” se mantiene un hilo de comunicación, bien a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de esta área en el PP y en la Comunidad de Madrid, Enrique López, o también en una nueva relación entre miembros del equipo próximo de Pedro Sánchez y Pablo Casado, que son los que de manera más directa han negociado esta última vez a través del secretario General de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Pero ahora mismo la situación continúa “sin novedades” desde la última ruptura. Es decir, ambas partes están estancados en los vetos que, según el Ejecutivo, impuso el PP a sus propuestas, especialmente a la del juez José Ricardo de Prada, quien sentó a Mariano Rajoy como testigo en un juicio sobre ‘Gürtel’ y en cuya sentencia se amparó la moción de censura que apartó al PP del Gobierno y llevó a Sánchez al Palacio de la Moncloa.
Los populares se quejan de que el PSOE pone sobre la mesa nombres inasumibles para llevarles al extremo de tener que rechazarlos y así culpabilizar a Casado de la falta de pacto. Y todo ello, censuran, cuando las premisas de su partido para alcanzar el acuerdo están muy claras desde el inicio y no se han movido de ellas.
La dirección del PP estima que puede ser difícil dar la vuelta a la situación en los próximos días, a pesar de que el acuerdo estaba a punto de cerrarse y se rompió, según su versión, porque el entorno del presidente del Gobierno introdujo en el último momento nombres de jueces muy vinculados al PSOE y a Unidas Podemos. Por ello, las fuentes consultadas arguyen ante Servimedia que se antoja complicado alcanzar un acuerdo antes de Semana Santa.
En el Ejecutivo admiten que “a día de hoy, no hay proyecto”, ni visos de nuevas reuniones por cuanto reclaman al PP que abandone su “actitud obstruccionista” y se avenga a negociar, pero cediendo.
Desde el partido que lidera Pablo Casado también reconocen a Servimedia que no hay “nada” nuevo que comunicar. Los populares se reafirman en sus condiciones, que necesariamente pasan por un compromiso por “el fortalecimiento de la independencia judicial” y por el hecho de que Unidas Podemos no tenga ningún papel en la negociación.
De la otra parte, las fuentes consultadas reconocen que el Ejecutivo de coalición −remarcan coalición porque la negociación es del Gobierno sustentado por PSOE y Unidas Podemos− cedió ante los candidatos propuestos por los populares para poder llegar a un acuerdo.
CHOQUE POR ALGUNOS NOMBRES
En los inicios de esta última negociación, desde el Ejecutivo trasladaron a Servimedia que entre los nombres que ofrecían al PP para llegar a un acuerdo real no iban a proponer personas que fueran muy evidentemente próximas a una formación política ni que hayan asumido altos cargos en ella, en clara referencia a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, la jueza Victoria Rosell
Con esa premisa, y ya habiendo cedido a Rosell, el Gobierno trasladó a esta agencia que no entendía la semana pasada cuando el PP le acusaba de imponer ese nombre entre los vocales del nuevo CGPJ como uno de los motivos de la ruptura de la negociación.
No obstante, a día de hoy, el nombre de Rosell sigue circulando entre las opciones para formar parte del CGPJ, al igual que el De Prada, aunque para este último, el Gobierno defiende que no permitirá vetos derivados de las actuaciones que hayan hecho en el desarrollo de sus responsabilidades como tal.
El PP esgrime que ni tan siquiera los compañeros jueces de De Prada le quieren para mantener la firmeza en su veto. Desde Génova subrayan que este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello, con lo que las fuentes consultadas piensan que el Gobierno pretende “colarle” por el turno de juristas, lo que a su juicio sería hasta un “fraude de ley”.
En este contexto, desde el PP trasladan a Servimedia que no hay “ninguna novedad” por cuanto el Gobierno insiste en perfiles como el del juez De Prada. “La pelota está en el tejado del PSOE”, remarcan desde la dirección nacional de la principal formación de la oposición.
La falta de avances sobre la renovación del CGPJ condiciona el resto de los acuerdos para renovar instituciones como el Defensor del Pueblo y que también están pendientes de la concurrencia entre Gobierno y Partido Popular. Todo ello tras lograr un pacto la semana pasada pero sólo en lo que atañe al Consejo de RTVE.
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