La Ley de Vivienda obligará a informar a Servicios Sociales antes de proceder a un desahucio de familias vulnerables

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El PSOE y Unidas Podemos acordaron este jueves incluir en la futura Ley de Vivienda un mecanismo para evitar desahucios de familias vulnerables y sin alternativa habitacional equivalente al que se ha aprobado durante el estado de alarma, pero no avanzaron en lo que respecta a la regulación del precio del alquiler.

Según comunicación facilitada por el Ejecutivo, el acuerdo entre los socios de la coalición radica, por un lado, en una modificación en el procedimiento penal porque se incorporaría una disposición para que se “produzca comunicación a los Servicios Sociales en los procesos penales en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad -personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o aquellas que tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad-. Si no, apuntan desde el Ejecutivo, “en este caso no se produciría suspensión en el proceso de desahucio”.

Por otro lado, en el procedimiento civil se procedería a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 para ampliar "más allá de los supuestos" de impagos de rentas por arrendatarios ya existente desde 2019 y previas a las medidas Covid en materia de vivienda; y "adelantar" el momento de la notificación por el Juzgado a los servicios sociales a un momento procesal previo al lanzamiento, concretamente, según el acuerdo remitido por fuentes gubernamentales, "al momento de admisión de la demanda".

Esta notificación, con la nueva legislación, se produciría de oficio, como obligación legal impuesta al propio Tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del demandado, sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea.

Este es el acuerdo, “a falta de algunos ajustes”, al que llegaron “los equipos negociadores para la ley de Vivienda”, en la “reunión fructífera” de hoy que les permitió cerrar acuerdos en la propuesta relativa a desahucios planteada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así, se elevaría a ley lo que el Gobierno ha puesto en marcha durante este periodo de estado de alarma, de manera que colectivos considerados vulnerables no puedan ser desahuciados si Servicios Sociales no responde con un solución habitacional, aunque perfeccionando lo existente, señalan desde el Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia indican que los desahucios serían más complicados ahora una vez que se pongan en marcha todo el campo de vivienda social que anunció el Ejecutivo recientemente, al ampliar hasta 26.000 inmuebles el parque social a través del fondo de la banca y la Sareb; así como una partida de 1.000 millones de fondos europeos para el Plan de Vivienda Asequible.

Desde Unidas Podemos se avanzó que "se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales", los cuales "determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna"; es decir, lo que el Gobierno ya aprobó para el vigente estado de alarma, que pasaría a tener carácter permanente.

Lo apuntaron al término de la nueva reunión que mantuvieron los equipos liderados por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra; el primero en nombre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en manos del PSOE, y la segunda en el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, encabezada por Pablo Iglesias.

Sin embargo, el desencuentro entre ambas partes se mantiene en cuanto a la regulación del precio del alquiler, y Unidas Podemos reiteró su "preocupación sobre el hecho de que el socio no haya compartido, una vez más y tras dos meses de negociación, una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas".

Un tema que consideran "primordial" y que, insisten, "debe incluirse en la futura Ley, tal y como se pactó en el acuerdo de Gobierno y en el de Presupuestos".