Montero dice que el Gobierno no ha tratado la semana laboral de cuatro días y no es la prioridad ahora

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La ministra Portavoz, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que la implantación de la semana laboral de cuatro días “no ha sido abordada en el paraguas del área económica del Gobierno”.

Montero fue preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre las recientes declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que el Ejecutivo está explorando la reducción de la jornada laboral en el marco del diálogo social.

Montero dijo que este asunto “no ha sido abordado en el Consejo de Ministros ni tampoco en el paraguas del área económica del Gobierno”.

La ministra afirmó que ahora estamos en el marco de una pandemia sanitaria con increíbles consecuencias económicas “y la prioridad de este Gobierno es volver a las tasas de crecimiento de antes de la pandemia y establecer un marco de estabilidad para que el conjunto de los inversores vengan a España”.

“Estamos trabajando de forma muy intensa en el impulso a los fondos europeos y esta es la tarea prioritaria en la que está el Gobierno de España”, remarcó Montero. “No debemos desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa prioritariamente”.

REFORMA LABORAL

Por otro lado, a Montero también se le interpeló por hipotéticas presiones de Unidas Podemos en el seno del Gobierno para agilizar la derogación de la reforma laboral.

Afirmó que sobre este asunto “no hay ningún tipo de conflicto ni problema” en el seno del Ejecutivo y hay una posición “unánime” entre los socios del Gobierno de que la prioridad ahora es la aprobación de los Presupuestos.

Según Montero, el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos definió una “hoja de ruta” y las medidas de reforma laboral “se tendrán que acompasar con el momento económico” e ir poniéndose en marcha “con inteligencia” de manera progresiva.

En relación con las peticiones de que se derogue la reforma laboral sin contar con el concurso de la CEOE, Montero cree que no se trata de “conceder o quitar derechos de veto a nadie”, sino de lograr acuerdos en el marco del diálogo social.