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MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
Las inspecciones realizadas por Consumo Aragón en 28 ortopedias de esta comunidad autónoma reflejan que casi el 80% de los controles efectuados cumple los requisitos establecidos por la normativa, pero, aunque la mayoría aprueban en emisión de facturas o atención al cliente, no ocurre lo mismo en cuanto a garantías y servicios de reparación.
Así lo desvela el Gobierno de Aragón en el balance que ha hecho de las inspecciones que realizó en el primer trimestre del año en las tres provincias (en concreto: 17 en Zaragoza, 7 en Huesca y 4 en Teruel) y se efectuaron un total de 411 controles sobre aspectos específicos.
Esta campaña de inspecciones se enmarca en el propósito de hacer efectiva la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad.
Uno de los puntos que han evaluado las inspecciones es el relativo a la garantía que, en el caso de los artículos de ortopedia (sillas, vehículos de movilidad, ayudas, prótesis, adaptadores, etc.), al igual que ocurre en el resto de bienes de consumo, es de dos años desde la adquisición del producto.
Sin embargo, el 32% de los establecimientos de ortopedia en Aragón no estarían ofreciendo una garantía acorde a los términos de la normativa vigente.
El director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, explica que el plazo de dos años puede extenderse, pero en ningún caso contraerse: “La garantía comercial puede ser superior, pero nunca inferior a los dos años de garantía legal; y en determinados productos de alto coste y tecnificación, como son los vehículos eléctricos para personas de movilidad reducida, por ejemplo, el consumidor debe prever siempre un servicio de reparación y mantenimiento a su alcance”.
En este segundo punto también se habrían detectado ciertas irregularidades, ya que solo en el 28% de las ortopedias inspeccionadas se hace entrega de un justificante o resguardo de depósito donde consta el objeto depositado, la fecha, la persona que lo entrega y la fecha prevista de reparación. En todo caso, en el 68% de los casos solo se procede a la reparación previo conocimiento del consumidor del presupuesto que esta operación lleva aparejado.
Por otro lado, según la normativa, los productos deben ir correctamente identificados con su precio. Normalmente esto se cumple con los expuestos en el interior del comercio (78% de los casos), pero no tanto con los colocados en escaparte, donde poco más de la mitad de los artículos tienen el precio visible (52%).
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