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El Consejo Fiscal propone nombrar a Javier Huete como fiscal jefe de la Seccion Penal del Supremo

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 27 de octubre de 2020, 22:25 h (CET)

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)


El Pleno del Consejo Fiscal decidió este martes el nombramiento de 18 nuevos cargos discrecionales en la carrera Fiscal. Como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha designado a Javier Huete y descartado a Javier Zaragoza, uno de los fiscales que ejerció la acusación en el juicio contra los líderes del 'procés'.


Zaragoza ha obtenido el voto de los cinco vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) votó a favor de Huete. Esa votación no es vinculante para la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pero habría sido un obstáculo importante de haber sido respaldado por los vocales de las dos asociaciones.


Así la fiscal general del Estado propuso el nombramiento de cuatro nuevos componentes de la cúpula de la carrera fiscal, dos hombres y dos mujeres que serán fiscales de Sala del Tribunal Supremo.


Para la jefatura de una de las Secciones de lo Penal ha sido designado, entre doce candidatos, Javier Huete Nogueras, quien ya contaba con la categoría de fiscal de Sala y que actualmente dirigía la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado.


Con 39 años de antigüedad en la carrera fiscal, estuvo destinado previamente en las fiscalías de Bilbao y del Tribunal Supremo. Dirige desde el año 2012 el boletín de jurisprudencia de la Fiscalía General del Estado y preside, además, desde 2018 la Comisión de Selección para el acceso a las carreras judicial y fiscal, ostentando responsabilidades como vocal de los tribunales calificadores de las oposiciones desde el año 1997.


Con la propuesta de Huete, indica la Fiscalía General del Estado, “se opta especialmente por un perfil técnico y profesional, y se apuesta por la modernización en todos los campos de la Fiscalía del Tribunal Supremo reflejados en su plan de actuación”.


Como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, de entre los 19 aspirantes se ha optado por la proposición Esmeralda Rasillo López, destinada actualmente en un órgano de la Fiscalía General como es la Unidad de Apoyo. Con 35 años de antigüedad en la carrera fiscal, ha estado destinada en la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid.


Fiscal de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General entre los años 2007 y 201, Rasillo fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia en el Ministerio de Justicia entre los años 2018 y 2020. “Su versatilidad y su excelente capacidad de relación interinstitucional la hacen idónea para este puesto, desde el que se pretende no sólo completar la plaza de la Fiscalía Togada, sino proyectarla y dotarla de otros contenidos, para lo cual las habilidades de la señora Rasillo resultan óptimas” asegura la Fiscalía.


El fiscal de Sala de la Unidad especializada de Siniestralidad Laboral se ha nombrado de entre 10 candidatos. El designado ha sido Félix Pantoja García, que cuenta con 37 años de antigüedad en la carrera fiscal y desde hace 12 años es fiscal del Tribunal Supremo en la Sección de lo Social. Con anterioridad estuvo destinado en las fiscalías de Cádiz, Málaga, Guipúzcoa y Madrid.


Vocal del Consejo Fiscal entre 1987 y 1990, además de vocal del Consejo General del Poder Judicial entre los años 2001 y 2008, Pantoja participó en la redacción de dos normas muy importantes no sólo por su contenido, sino también por su relevancia para la carrera fiscal: la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores.


El currículum de Pantoja refleja “una especial sensibilidad con la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, presentando además un plan de actuación en el que prima la coordinación interinstitucional y la coordinación de la Unidad Especializada con las Delegaciones Territoriales, así como el impulso de la formación y actualización permanente de los y las fiscales dedicados a esta materia de tan especial trascendencia”. De él, la Fiscalía destaca "su compromiso con los derechos humanos y la coherencia de su carrera profesional".


También se ha nombrado este martes a María José Segarra como fiscal de Sala coordinadora de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Fue la antecesora de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, ejerciendo la responsabilidad entre julio de 2018 y enero de 2020.


Segarra accedió a la carrera fiscal en el año 1987 y ha estado destinada en las fiscalías de Barcelona y Sevilla, fiscalía esta última cuya jefatura ostentó durante más de 13 años. Con este nombramiento, y hasta que exista una modificación legislativa, “se hace justicia a quienes desde la carrera fiscal asumen la alta y dificilísima responsabilidad de ser fiscal general del Estado”.


Delgado defiende que el hecho de que “una ex fiscal General ocupe la más alta categoría de la carrera significa avanzar asimismo en la autonomía de quien ejerce o ha ejercido el cargo. El beneficio es doble: significa autonomía mientras se ejerce el cargo de fiscal general del Estado, sin inquietud sobre su futuro profesional y, por otro lado, eleva la dignidad de quien ha desempeñado tan altas funciones”.


También se nombró a Santiago Mena como fiscal superior de la Fiscalía de la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con 31 años de antigüedad en la carrera fiscal. Destinado en las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Castilla y León, ostenta la jefatura de la Fiscalía Provincial de Burgos desde el año 2008.


Su candidatura ha sido seleccionada porque “presenta un proyecto de actuación muy sólido y riguroso, en el que destaca la potenciación de la colaboración de la Fiscalía de la comunidad con otras instituciones relacionadas con el servicio público de justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su talante conciliador ha sido destacado por todos los miembros del Consejo Fiscal”.


Como fiscal del Tribunal de Cuentas ha sido propuesto Carlos Castresana, quien accedió a la carrera en el año 1989. Destinado inicialmente en las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Madrid, Castresana formó parte de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada y de la Fiscalía del Tribunal Supremo.


Profesor en diversas universidades, nacionales e internacionales, Castresana ha realizado multitud de publicaciones jurídicas y ponencias en cursos y conferencias. Con una prolija actividad internacional, cuenta con una amplia experiencia en materias relacionadas con la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público que compete a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.


Como fiscal de la Audiencia Nacional, el propuesto es Carlos García-Berro Montilla, quien ingresó en la carrera fiscal en el año 2001, habiendo estado destinado en las fiscalías de Girona, Getafe-Leganés y Madrid. En la Fiscalía Provincial de Madrid formó parte del servicio especial de Delitos económicos entre 2010 y 2018, año en el que pasó a desempeñar sus funciones en comisión de servicios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, especializándose en delitos de criminalidad organizada, económica, terrorismo y contencioso-administrativo.


En la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada han salido a concurso nueve plazas a las que se han presentado 15 candidaturas. Para ellas se han propuesto los nombramientos de Inmaculada Violán González, fiscal desde el año 1988, desde 2007 ha sido coordinadora y decana de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y Miguel Serrano, fiscal del 'caso Villarejo', quien ejerce desde el año 1988 y ha sido delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Canarias. Está en comisión de servicio en la Fiscalía Especial Anticorrupción desde el mes de marzo de 2015.


Otro de los propuestos es Luis Rodríguez Sol, fiscal desde 1991 y actual fiscal inspector. Ostentó el cargo de magistrado de enlace en Italia. Asimismo, formó parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado entre los años 1998 y 2004 y de la propia Fiscalía Anticorrupción durante más de 10 años.


Belén Dorremochea Fernández, fiscal desde el año 2002, se encuentra en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción desde 2016. Posee una extraordinaria preparación en materia económica, blanqueo de capitales y anticorrupción.


César de Rivas Verdes-Montenegro, otro de los propuestos para continuar en Anticorrupción, es fiscal desde 2005 y doctor en Derecho. Se encuentra en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción desde el mes de octubre de 2016. También se propone la continuidad de Alejandro Cabaleiro Armesto, fiscal desde el año 2006 que formó parte entre 2015 y 2018 de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del Principado de Asturias.


Irene Rodríguez Acuña es fiscal desde el año 2007, ha sido fiscal especialista en delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid entre los años 2010 y 2018. Se halla en la actualidad y desde octubre de 2018 en comisión de servicio en la Fiscalía Especial Anticorrupción. Al igual que Jorge Andújar Hernández, cuya continuidad también se propone. Fiscal desde el año 2008, ha sido fiscal especialista en cooperación internacional, habiendo estado destinado en las fiscalías de Vizcaya, Marbella y Málaga


Uno de los ocho fiscales que se encontraban en comisión de servicios en la Fiscalía Especial no ha recibido apoyo alguno de los vocales del Consejo Fiscal. Se trata de Ignacio Stampa sobre el que hay sospechas de revelación de secretos por su relación con una de las abogadas de Podemos que representaba a Pablo Iglesias en el 'caso Dina'.


Para la novena plaza de fiscal anticorrupción, convocada al amparo del artículo 355 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial se han presentado cinco candidatos. Para ello se ha propuesto a Pilar Santamaría Villalaín, que ingresó en la carrera en 1990 y estuvo destinada en la Fiscalía de Cantabria, en la que ostenta el cargo de delegada de medio ambiente.


Como fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa se propone a Juan Ramón Calparsoro, quien ingresó en la carrera fiscal en el año 1986, siendo destinado a la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, en la que se mantuvo hasta el año 2004. Fue fiscal Superior de La Rioja y posteriormente del País Vasco. En la actualidad se halla destinado en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Finalmente como fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Alzira se propone a Patricia Llorca Alcalá, fiscal desde el año 2003, que ha estado destinada en las Fiscalías de Maó, Castelló de la Plana y Alzira.


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