|
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que lidera el expresidente del Gobierno José María Aznar, consideró este martes que la decisión de decretar el estado de alarma en Madrid “no sólo es errónea y desviada en sus propósitos”, sino que “es posible que sea también inconstitucional”.
En un análisis bajo título ‘La peligrosa pataleta sobre Madrid’, FAES sostiene que “ha caído sobre Madrid, en forma de estado de alarma, la pataleta autoritaria de un narcisista, irritado por un fallo judicial que el jueves pasado dejó en evidencia la insólita chapuza jurídica del Gobierno que preside y cegado por su obsesiva animosidad contra esta comunidad autónoma y su capital, que es la de España”.
FAES se remite a la “pretensión del Gobierno de imponer restricciones que afectan a derechos fundamentales en virtud de una recomendación del Consejo Interterritorial de Sanidad” aprobada por mayoría, pero “no por consenso”, y que el Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado para que Madrid “simplemente aplicara al pie de la letra lo que el Ministerio de Salvador Illa había dictado”.
La fundación de Aznar recuerda cómo estas medidas fueron sometidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que resolvió declarando la nulidad de aquellas “por falta de habilitación legal”. Es decir, FAES interpreta que “para este Gobierno, da lo mismo una recomendación sin fuerza normativa alguna o un estado de alarma para confinar Madrid y restringir los derechos fundamentales de millones de ciudadanos”.
“Y aunque sea muy tentador repartir responsabilidades a un lado y a otro, el que erró fue el Gobierno de Pedro Sánchez y eso es lo que el TSJM ha confirmado, señala FAES, al estimar que el estado de alarma es a lo que ha recurrido el Ejecutivo “para tapar con escándalo mayúsculo error”.
A su juicio, “no se ha decretado (el estado de alarma) porque las autoridades madrileñas no estuvieran haciendo nada contra la pandemia, sino porque el Gobierno de Sánchez cometió un grosero error jurídico y político, esos errores a los que suele conducir la arrogancia”.
“Ahora sabemos que el Gobierno tuvo en cuenta datos epidemiológicos atrasados, del 4 de octubre, para decretar el estado de alarma”, se queja FAES, antes de opinar que “seguramente esos eran los datos que favorecían su discurso sobre Madrid”.
Dicho esto, apunta a que el confinamiento selectivo de diversas zonas y las restricciones a la actividad adoptados por la Comunidad de Madrid venían “dando resultado desde su introducción y los siguen dando”. “La evolución de la pandemia, dentro de una situación muy complicada, se estaba tratando adecuadamente sin asfixiar la actividad económica”, apostilla.
En este sentido, FAES recalca en su análisis que el confinamiento perimetral de Madrid ha suscitado “dudas más que fundadas en muchos expertos que ponen en cuestión la posibilidad misma de su aplicación práctica”. Se refiere a que “es difícil hablar de confinamiento perimetral cuando millones de trabajadores y estudiantes entran y salen de Madrid todos los días para llevar a cabo su actividad -autorizada- bien en la capital, bien en otras ciudades, también teóricamente confinadas”.
“El Gobierno de Sánchez ha entrado como un elefante en una cacharrería, estigmatizando a la capital, levantando el temor en el resto de España hacia Madrid y rodeándola de una sombra apocalíptica que daña a toda la nación y es injusta para la comunidad y sus ciudadanos”, prosigue el texto.
FAES dice que los juristas podrán encontrar “motivos de duda bien fundada sobre la necesidad y proporcionalidad de un estado de alarma que exige para ser adoptado que se trate de una situación que no pueda ser afrontada con los poderes ordinarios del Estado”.
“Cuando se han dictado restricciones, limitaciones de aforo, obligaciones de higiene y prevención que han respondido a los rebrotes de la pandemia y son jurídicamente pacíficas, la decisión del estado de alarma no solo es errónea y desviada en sus propósitos, sino es posible que sea también inconstitucional”, indica.
Finalmente, recuerda que “el Estado de Derecho existe aunque algunos lo vean como un engorro prescindible” y a pesar de que “para este Gobierno la inconstitucionalidad no parece que sea un motivo de gran preocupación”.
| 
