Letrados de Justicia recurren la circular sobre vacaciones del ministerio por vulneración de derechos laborales

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Los letrados de la Administración de Justicia han interpuesto recurso contencioso administrativo con la solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la circular de la Secretaría General de la Administración de Justicia relativa a las vacaciones del próximo verano durante el período de retorno a la actividad judicial.

Entienden los letrados, antes secretarios judiciales, que esa instrucción ordena “reglas y límites” al disfrute de las vacaciones de los letrados de la Administración de Justicia durante el mes de agosto, “imponiendo y restringiendo el derecho al disfrute” de los períodos de descanso.

Insisten, además, en que el ministerio dirigido por Juan Carlos Campo “impone de forma arbitraria” el modo de disfrute de este derecho “de forma ilegal y vulnera los más elementales derechos fundamentales y constitucionales como los de la salud y la conciliación laboral y familiar. Es una circular infame que se retrotrae a tiempos autoritarios”, concluye.

Los letrados de la Administración de Justicia aseguran que “no se justicia de ninguna forma” el contenido de la instrucción cuando jueces y demás profesionales “no van a trabajar en agosto” tras expresar sus quejas. Pero es que, además, “tampoco se ajusta a lo regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

“El ministerio pretende dar la imagen de que se trabaja en los juzgados en agosto, de forma irónica, permaneciendo en nuestros puestos, los de siempre, los letrados de la Administración, justificándolo en la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19”, cuando este cuerpo “ha continuado prestando servicios a pleno rendimiento, desde el día uno de la declaración del mismo”, añaden.

Finalmente, denuncian que Justicia imparte estas instrucciones a través de una circular cuando la regulación de los descansos laborales está “reservada a normas de mayor rango jurídico, infringiendo con ello, de forma flagrante e hiriente para cualquier jurista, los sacrosantos principios de legalidad y jerarquía normativa consagrados por la Constitución, en una actuación abusiva, ilegal e inadmisible, que merece una respuesta contundente y debería ser tumbada de plano por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa”.