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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre a quien la Audiencia Provincial de León había condenado a cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública en una investigación en la que se le colocó un GPS en su vehículo, tras una denuncia anónima de un confidente.
La Sala refuerza la exigencia de motivación en el marco de una investigación penal y concluye que una confidencia anónima no es suficiente para arrebatar a cualquier ciudadano el inicial blindaje que le proporciona su derecho a la intimidad.
El 7 de junio de 2016 el recurrente se desplazó en su vehículo desde la localidad de Vilagarcía de Arousa hasta Ponferrada (León) , donde la Guardia Civil le detuvo tras incautarle en su vehículo 99,98 gramos de cocaína. Los investigadores habían colocado un dispositivo de localización en su vehículo tras una confidencia anónima en la que se avisaba de que el acusado, con domicilio en Vilagarcía de Arousa, estaba realizando viajes a Ponferrada transportando cocaína para suministrarla a varias personas.
La Guardia Civil solicitó la autorización judicial para colocar el GPS basándose en la denuncia anónima, la existencia de antecedentes policiales de tráfico de drogas del hombre y la constatación, a través del sistema de cámaras de la Dirección General de Tráfico, de que el acusado había realizado el mencionado trayecto.
El auto del juez se basó en esos tres elementos indiciarios para autorizar la instalación del dispositivo de geolocalización. Ahora el Supremo en su sentencia argumenta que esos tres elementos no eran suficientes para justificar la medida adoptada.
“No podemos aceptar como norma general que esos tres elementos indiciarios sean suficientes para arrebatar a cualquier ciudadano el inicial blindaje que le proporciona su derecho a la intimidad. Una confidencia anónima, sin más, que no ofrezca otros elementos de corroboración que los antecedentes policiales y la realidad de unos viajes, no debería haber llevado a respaldar una resolución judicial habilitante para la restricción de derechos”, explica.
La Sala recuerda que nuestro sistema jurídico hasta la entrada en vigor de la LO 13/2015 no exigía autorización judicial para utilizar este tipo de dispositivos y que a raíz de este cambio normativo se han rectificado pautas de actuación policial y la propia jurisprudencia de la Sala.
Sea como fuere, añade la sentencia, “la utilización de dispositivos de localización y seguimiento tiene una incidencia directa en el círculo de exclusión que cada ciudadano define frente a terceros y frente a los poderes públicos está ya fuera de cualquier duda, la afectación de la intimidad es incuestionable, más allá de que, conforme a la jurisprudencia constitucional y de esta Sala , existan actos de injerencia que, sin estar expresamente reservados a la autorización judicial, pueden ser plenamente válidos al perseguir un fin constitucionalmente legítimo en una sociedad democrática”.
El tribunal añade que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2015 descarta cualquier duda acerca de la voluntad legislativa de blindar ese espacio de intimidad y subordinar la legitimidad del acto de intromisión a la previa autorización judicial.
Por todo ello, la Sala declara nula la colocación del GPS y absuelve al recurrente porque “no se realizó una detenida ponderación de los derechos y valores en conflicto, cuando los agentes de la policía pidieron el sacrifico de la intimidad del investigado”.
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