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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Comisión Europea ha considerado que la compensación de 1.280 millones de euros concedida por España a Correos por el desempeño de su misión de servicio público durante el período 2011-2020 constituye una contribución compatible con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.
Según informa la Comisión Europea, de estos 1.280 millones, Correos ya había recibido 1.219 millones antes de la notificación el pasado enero. Por consiguiente, Bruselas consideró que Correos se había beneficiado de una ayuda ilegal.
Por ello, en enero de 2020, España notificó a la Comisión su plan para compensar a Correos por el cumplimiento de la obligación de servicio postal universal durante el período 2011-2020. Dicha obligación incluye la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles, con determinadas exigencias mínimas de calidad.
La Comisión ha examinado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE en materia de compensación por servicio público. Según dichas normas, los Estados miembro pueden compensar a las empresas por el coste extra que supone realizar una misión de servicio público, cumpliendo determinados criterios.
Se permite así que los Estados miembro concedan ayuda estatal por la prestación de servicio público, al tiempo que se garantiza que las empresas a las que se han encomendado estos servicios no reciban una compensación excesiva.
Con el fin de cumplir las normas sobre ayudas estatales de la UE, España elaboró un modelo detallado y exhaustivo para calcular el coste evitado neto del servicio postal universal, lo que ha permitido a la Comisión descartar cualquier riesgo de compensación excesiva. En concreto, dicho modelo garantiza que los descuentos concedidos a algunos clientes no incrementen indebidamente el coste neto.
En su decisión, la Comisión desestima también una denuncia presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones sectoriales, que alegaban que Correos recibió ayuda estatal incompatible a través de varias medidas, entre ellas, la obligación de servicio universal. Los denunciantes se referían, en especial, a la necesidad de evitar que los descuentos excesivos concedidos por Correos fueran compensados por el Estado español.
Por último, la decisión toma en cuenta un compromiso específico de las autoridades españolas con respecto a la notificación oportuna, a lo largo de 2020, de las compensaciones previstas para el período 2021-2025.
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