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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El Gobierno trabaja con la previsión de prorrogar hasta el próximo 30 de septiembre las medidas extraordinarias de empleo agrario que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril en un real decreto ley, y que permite la contratación como temporeros de parados que perciben prestación o inmigrantes a los que caduca el permiso de trabajo entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio, fecha de finalización de vigencia de la norma.
Esta previsible prórroga la dio a entender este jueves el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados para informar sobre el impacto del Covid-19 en el sector agroalimentario y sobre las medidas de respuesta adoptadas por el Ejecutivo.
El ministro dijo que por las comprobaciones que ha hecho su departamento, “a fecha de 30 de abril no existía ninguna actividad ni puesto de trabajo no cubiertos” en el campo.
“Pero eso no quiere decir que no pudiera existir en las próximas semanas o meses”, añadió. “Estamos reflexionando, si fuera necesario, y creo que lo va a ser, extender las medidas del decreto hasta el 30 de septiembre, para mayor tranquilidad del sector”.
85.000 TEMPOREROS
El real decreto ley, que la Cámara Baja convalidó el 22 de abril, permite reclutar para las labores del campo a los desempleados que cobran algún tipo de prestación o subsidio y compatibilizarlo con un sueldo por el trabajo en el campo, excluyendo sólo a aquellos que reciban la prestación por estar afectados con un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) declarado con ocasión del Covid-19.
La normativa habilita la excepcional contratación también para autónomos perceptores de la presentación por cese de actividad o aquellos en suspensión de empleo (siempre que el ERTE no haya sido tramitado por el coronavirus), a trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya durante el periodo de alarma y jóvenes de entre 18 y 21 años de fuera de la Unión Europea que residan en España.
El cierre de las fronteras y las restricciones a la movilidad han provocado un problema de abastecimiento de personal, que el Gobierno ha evaluado en unas necesidades de contratación entre 75.000 y 85.000 temporeros.
Planas ya dijo durante el debate de convalidación que aunque el decreto nace con vigencia hasta el 30 de junio por la necesidad de “acotar”, el Gobierno estaba dispuesto a reconsiderar esas fechas si fuera necesario.
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