La compañía hongkonesa de aguas y electricidad CKI se perfila como principal aspirante a hacerse con la británica Thames Water, que cuenta con unos 16 millones de clientes y está al borde del colapso después de que el fondo inversor KKR renunciase a reflotarla. Según ha revelado el diario 'The Times', la asiática estaría dispuesta a comprar su rival en caso de que caiga finalmente en bancarrota. Los propios acreedores de clase 'A' de Thames Water habían realizado una oferta por la empresa, pero CKI ha asegurado que podrá asumir unas penalizaciones mayores por la ruptura de sus obligaciones medioambientales que el resto de interesados. El grupo de acreedores ha afirmado que Thames Water no puede permitirse seguir operando con la multa de 1.000 millones de libras (1.160 millones de euros) que previsiblemente le impondrá el regulador del sector, Ofwat, por infracciones relacionadas con el vertido ilegal de aguas residuales. De hecho, Thames Water fue sancionada ya en mayo con una multa récord de 104 millones de libras (120,6 millones de euros) por este mismo asunto. Thames Water se encontraba hasta ahora en conversaciones con Ofwat para asegurar una inyección de capital de hasta 5.000 millones de libras (5.798 millones de euros), así como una exención del pago de 1.000 millones de libras por fallas en la depuración de aguas.
POSIBLE NACIONALIZACIÓN
El Gobierno del Reino Unido seleccionó ayer a expertos en bancarrotas en el marco de la preparación de planes de contingencia ante un posible colapso de Thames Water. Así, el ministro de Medio Ambiente, Steve Reed, autorizó que FTI Consulting asesorase al Ejecutivo si optaba por poner a la mayor compañía del país de suministro y tratamiento de aguas en régimen de administración especial, equivalente a una nacionalización temporal. Londres está intentando evitar esta eventualidad a toda costa, puesto que podría comportar unos costes aproximados de unos 4.000 millones de libras (4.638 millones de euros) para las arcas públicas. Thames Water cuenta con pasivos cercanos a los 20.000 millones de libras (23.191 millones de euros). No obstante, la legislación contempla que el esfuerzo inversor podría ser recuperado más adelante a través del encarecimiento de las facturas de los clientes.
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