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Aragón "deplora la falta de lealtad institucional" del Gobierno sobre los menores migrantes no acompañados | |||
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El Gobierno de España "pretende solventar un reparto injusto, a medida de Cataluña, planteado en términos que la Comunidad Autónoma de Aragón ha considerado desde un primer momento que invaden competencias autonómicas y que presentan vicios de inconstitucionalidad". El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha recibido este jueves a las 9.53 horas la respuesta a la carta que remitió el viernes de la semana pasada a la atención del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. En ella, el Ministerio admite que no dispone de la información requerida sobre las reubicaciones que puedan producirse en Aragón, han señalado desde el Departamento, lamentando "la negativa del Gobierno de España a remitir ninguno de los datos solicitados para planificar con garantías y dignidad la acogida de los 251 jóvenes que forman parte del reparto de menores migrantes no acompañados que permanecen en recursos de Canarias". "La misiva que se remitió la semana pasada ha corrido la misma suerte que anteriores solicitudes de información respecto a este procedimiento, que fueron enviadas el pasado 18 de julio". El Ministerio de Juventud e Infancia, "por tanto, persiste en ignorar los sucesivos requerimientos de la Secretaría General Técnica de la Consejería sobre los informes que sostienen los decretos del reparto de menores no acompañados". El Gobierno de Aragón cumplirá con la ley y está trabajando para planificar la acogida, "pero lo está haciendo a ciegas, sin la mínima información que requeriría una respuesta coordinada ante esta situación". "El debate jurídico planteado respecto a esta cuestión no es un impedimento para que se trabaje con responsabilidad y lealtad en la organización de los traslados y acogida de los menores", indican desde Bienestar Social. Para el Departamento, "esta falta de respuesta sólo constata una dejación de funciones del Estado en cuanto a la política migratoria, en la que impera la descoordinación y una deliberada opacidad en cada decisión sobre extranjería, y cuyas consecuencias se pretenden derivar a las comunidades autónomas vía Real Decreto, sin diálogo ni proporcionalidad". "No hay por tanto ninguna clase de planificación ni proyecto humanitario para atender a estos menores por parte del Estado, más allá del ánimo de contentar a los socios que sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez en La Moncloa", ha terminado diciendo Susín. |
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